Se fractura ‘pacto’ del SEA

En mi pasada entrega del 23 de noviembre –SEA: credibilidad en juego– adelanté lo siguiente:

“Uno de los nombres que se apuesta está decidido para ser el primer fiscal anticorrupción es el de Adrián Talamantes Lobato, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, y hombre al que se le identifica cercano al partido Movimiento Ciudadano, particularmente al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez…”.

El lunes pasado el gobernador Aristóteles Sandoval envió al Congreso la terna de prospectos a ser el nuevo fiscal anticorrupción. Los nominados fueron Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para la implementación del nuevo Sistema de Justicia, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; Rogelio Barba Álvarez, presidente del Departamento de Derecho Privado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG; y, coincidentemente… Andrés Talamantes Lobato.

Todo apuntaba a que el camino estaba allanado para Talamantes, pues no obstante que Morán Ferrer fue la mejor calificada por el Comité de Participación Social, su descarado conflicto de interés al ser parte del Poder Ejecutivo la dejaba fuera; mientras que difícilmente la fiscalía anticorrupción se le entregaría a la Universidad de Guadalajara, entendiéndose que sería un guiño para el Grupo Universidad y su líder Raúl Padilla López. Y eso no.

¿Entonces quién quedaba? Talamantes Lobato, que sería una concesión política –resultado de acuerdos en lo oscurito que tanto le asustan al alfarismo– nada menos que para el partido Movimiento Ciudadano y en concreto para Alfaro Ramírez.

Pero evidenciado aquí en Entre Semana desde hace 10 días de que era el ungido y ante la avalancha de críticas que se vino al conocerse quiénes integraban la terna, resulta que Andrés Talamantes se cayó antes de llegar al cargo para el que ya estaba pactado, pues ayer el gobernador decidió retirar su propuesta, con lo que también se vino abajo el primer acuerdo tomado tras bambalinas en torno al Sistema Estatal Anticorrupción.

El Ejecutivo propondrá una nueva terna y la pregunta es: si no llegó Talamantes, ¿cómo y con quién cubrirán la cuota que le corresponde al alfarismo en este reparto del Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Será que si el alfarismo perdió un espacio, el PRI perderá, entonces, la cuota que le corresponde con la designación de Cynthia Cantero como titular de la Auditoría Superior? ¿O será que buscarán quedar tablas al reconocer que la actual titular del Instituto de Transparencia es inelegible porque no cumple con los requisitos de ley para ocupar el cargo en disputa?

Ante la decisión tomada por el Ejecutivo en torno al fiscal anticorrupción deben reconsiderarse los otros acuerdos pactados, también en lo oscurito, para que Cantero Pacheco sea la titular de la ASEJ, así como de quienes ya fueron palomeados para integrar la nueva Sala Superior del Tribunal Administrativo.

Para esta sala, se asegura que está acordado que los tres magistrados salgan de entre estos nombres que también revelé en aquella entrega del 27 de noviembre: Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado; Laurentino López Villaseñor, presidente del TAE; Miguel Gutiérrez Barba, ex consejero de la Judicatura, y Jesús Reynoso Loza, ex secretario general del Congreso, así como una abogada ligada al alfarismo y al grupo del que forma parte el consejero de la Judicatura, Eduardo Moel Modiano.

Todos ellos –el que no fue y los que podrían ser– son resultado de pactos previos entre los hombres del poder en el gobierno, tanto del PRI como del alfarismo, con lo que de antemano queda contaminado y viciado un proceso que se vendió sería transparente y ajeno a intereses partidistas, y resultó todo lo contrario.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I