Triángulos de hierro

Cuando se analizan las políticas públicas, se considera que existe un triángulo de hierro cuando se conjugan los intereses de los legisladores, un sector específico de la burocracia y un grupo de interés. Si las relaciones de interdependencia que se crean entre esos tres actores son muy fuertes, llegan al punto de poder excluir a cualquier otro actor que desee participar en el juego.

Cuando esto ocurre lo más usual es que los beneficios de las decisiones públicas se concentren en sectores muy reducidos de la población y que incluso se cambie la razón de ser de alguna agencia de gobierno para propiciar que se sigan beneficiando solamente quienes pertenecen al triángulo de hierro que, como decía, funciona como un club muy exclusivo y, por lo tanto, excluyente.

Va un ejemplo. Un pequeño, pero fuerte, grupo de constructores, que tiene mucho dinero efectivo disponible, puede financiar la campaña electoral de varios políticos, especialmente de aquéllos que tienen más probabilidades de ganar, y al mismo tiempo puede tener muy buenas relaciones con personas clave en las entidades públicas encargadas de supervisar su trabajo.

Si los constructores tienen el apoyo de legisladores, así como de funcionarios ejecutivos, y esos actores a su vez se benefician de las dádivas que los constructores ofrecen, tendremos un triángulo de hierro que podrá, por un lado, establecer licitaciones que sólo podrá ganar el grupo de constructores, y además podrá hacerlo en el marco de leyes muy laxas que le permiten cumplir con sus obligaciones legales sin ningún problema, o pagando multas meramente simbólicas, en el peor de los casos.

Del mismo modo, se pueden ir creando triángulos de hierro en torno a muchos otros asuntos, de manera que se va generalizando una situación corrupta en la que unos pocos se benefician de los bienes de todos. Por eso es que es tan necesario romper esos triángulos de hierro, a fin de permitir que los bienes de todos produzcan beneficios que se vayan repartiendo entre todos. De eso se trata el combate a la corrupción.

Entonces, una manera de combatir la corrupción es acabar con el esquema exclusivo y transformarlo en uno inclusivo. Se dice fácil, pero dada la magnitud de los intereses en juego, esto sólo se puede hacer cuando un conjunto fuerte de actores excluidos logra reunir sus fuerzas y comienza a romper ese triángulo. Justamente esto es lo que está pasando con los sistemas anticorrupción, que sólo han podido avanzar en la medida en que la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los medios de comunicación han sido capaces de aliarse, y obligar a que cambien las reglas del juego.

Claro que esto ha provocado muchas molestias. No es de extrañar, por ejemplo, que al atender la presión para incluir actores en la construcción del sistema anticorrupción, el gobernador de Jalisco haya recibido chantajes provenientes de otros actores políticos que le acusaban de poner en riesgo la puesta en marcha del sistema, cuando en realidad son esos intereses excluyentes, que quieren imponer en puestos clave a gente con la que ya tienen acuerdos, los que ponen en riesgo la viabilidad del sistema anticorrupción.

Esto es tan claro que no dudo que el Congreso impondrá como fiscal anticorrupción a una persona que no hizo pública su declaración de intereses ni quiso demostrar su capacidad resolviendo un caso práctico. Si esto ocurre, esa imposición dejará en claro qué intereses va a defender: los de los líderes del partido que lo impulsó. Y probablemente fue elegido porque ya demostró anteriormente su capacidad para proteger esos intereses. Si fuera el caso, habría que investigar al respecto.

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@albayardo

JJ/I