Wixárikas expulsados ya reciben atención

DIFÍCIL. Es un caso complejo, según el ombudsman jalisciense. (Foto: Especial)

El gobierno municipal de Bolaños, en conjunto con autoridades estatales, ya trabaja en garantizar el acceso a los servicios básicos al grupo de pobladores wixaritari que fueron expulsados de la comunidad indígena de Tuxpan de Bolaños por tener creencias religiosas no compartidas con el resto de la comunidad, indicó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón.

Esto después de que la semana pasada el organismo defensor dictara medidas cautelares a favor de los 85 pobladores expulsados “a fin de evitar daños de difícil reparación”.

“Estamos interviniendo en que se les garantice la atención médica, el acceso a la educación, a los programas sociales, que se les dé un techo y se les garantice la alimentación a las personas que fueron expulsadas de la comunidad y eso ya se está cumpliendo por parte del Municipio de Bolaños y del gobierno del estado”, señaló Hernández Barrón.

Señaló que el caso no tendrá una solución sencilla, ya que la organización del pueblo wixárika se basa en prácticas comunitarias que también podrían haberse visto afectadas.

“Señalar que es un caso complejo porque hay una colisión de derechos. Tenemos por un lado el derecho de la identidad cultural de un pueblo originario, como es el pueblo wixárika, y por otro lado el reclamo de la libertad de culto por parte de un sector. Son casos complejos que, incluso, el Poder Judicial federal no ha determinado (cómo deben resolverse). Tendremos que resolverlo mediante un mecanismo de ponderación de derechos; sin embargo, a quien le corresponde la atención a estos sectores es a los gobiernos municipal, estatal e incluso federal, por ser un conflicto de temas religiosos”, indicó.

Por el momento, gran parte de los desplazados han determinado asentarse en Villa Guerrero.

Quejas, en proceso de integración

Hernández Barrón indicó que se sigue el proceso de integración de diversas quejas presentadas por calandrieros en contra de la determinación del ayuntamiento tapatío de sustituir los carruajes de caballos por otros de tipo eléctrico, toda vez que existen elementos que pueden suponer la violación del derecho al trabajo.

“Desde que la (comisión) recibió la queja se han hecho peticiones, se han dictado medidas y sobre todo hemos hecho una invitación a que se dialogue”, expuso.

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“Tenemos por un lado el derecho de la identidad cultural de un pueblo originario (…) y por otro lado el reclamo de la libertad de culto”
Alfonso Hernández Barrón, titular de la CEDHJ

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