Accidentada elección del fiscal anticorrupción

La designación del o la fiscal anticorrupción de Jalisco ha caído una y otra vez en baches. Se mete en uno, sale y se introduce en otro. Un nuevo capítulo del accidentado proceso de elección se evidenció ayer luego de que quienes podían sacarlo delante de manera conjunta, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC), se abstuvieron de votar en la sesión del pleno del Congreso del Estado tras amagos por votar de otra forma, por lo menos en el caso del partido naranja.

Finalmente, en otra escena de la tensa película, ayer no llegaron a un acuerdo cada uno de los partidos con los respectivos candidatos de la primera terna que les interesaba empujar. Debieron echar abajo a los prospectos, pese a que patalearon por sacarlos adelante, sobre todo MC. Un factor que también estaba en juego y que pesó era la palabra del gobernador Aristóteles Sandoval de meter reversa, enviar a otros tres aspirantes y que de ahí surgiera el fiscal, con base en los criterios del CPS.

En la elección del fiscal anticorrupción han estado presentes diversos ingredientes. Algunos son: la pésima planeación en tiempos para elegir al funcionario, intereses políticos contrapuestos entre las fracciones parlamentarias, el gobierno estatal y los grupos de poder; errores políticos y de procedimiento no asumidos en la designación de la primera terna de candidatos; intentos de ningunear en los hechos al buen trabajo del Comité de Participación Social (CPS), que ha sido firme en su postura de que no es una figura de ornato; aspirantes que creían iban a la segura, avalados por personeros políticos, que confiados menospreciaron al comité; vigilancia cercana, permanente y crítica de organismos académicos y ciudadanos de la elección; y negociaciones fuera la vista pública, sin testigos.

Con el tiempo encima, los diputados de MC estaban originalmente previendo votar por uno de la primera terna de aspirantes que envió el gobernador. Sus argumentos eran que la evaluación que realizó el Comité de Participación Social (CPS) no es vinculatoria y que no siempre los mejor evaluados son precisamente los mejores, como lo declaró su coordinador parlamentario, Ismael del Toro, quien aspira a convertirse en el próximo presidente municipal de Guadalajara.

Del Toro tenía como postura, hasta la semana pasada, que era posible elegir al próximo fiscal anticorrupción de entre los tres candidatos que envió el gobernador al Congreso del Estado. Los razonamientos que utilizó eran que se trataba de una terna legalmente válida y que en los perfiles debía evaluarse la calidad moral, la probidad y la trayectoria personal por encima del CPS. La pregunta era ¿cómo evaluarían, con qué metodología, en tan poco tiempo, la calidad moral y probidad de los aspirantes? La propuesta era técnicamente inviable. Además, como dirigente de un partido político que se dice ciudadano, su postura tenía un tufo de menosprecio al trabajo del CPS, un organismo precisamente ciudadano, integrado por expertos.

Desde la óptica de un ciudadano común, sin partido político, se necesita un fiscal anticorrupción que sea independiente, con legitimidad, buen perfil y aval social. Que quien resulte elegido por los diputados no le deba al legislador el favor de haberlo nombrado. Se requiere el perfil de alguien con el que no se puedan negociar los casos de corrupción que investigue ni aceptar presiones o chantajes, como suelen hacer los políticos tradicionales y personajes influyentes. El fiscal debe tener el suficiente poder para garantizar que no continuarán en Jalisco la enorme corrupción e impunidad, para lo cual es importante que su futuro jefe, el fiscal general, cuando sea elegido tenga el mismo perfil. De cumplirse esto, tal vez se recupere algo de la maltrecha confianza en las instituciones públicas.

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JJ/I