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La agenda verde que planteó la actual administración estatal sufre un revés a un año de finalizar el sexenio, luego de que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció que el nuevo modelo de verificación vehicular, que formaba parte de dicha agenda, no se concretará y dependerá de que la próxima administración decida implementarlo.
Sandoval Díaz aseguró que en la recta final de su gobierno no se puede poner a lanzar licitaciones, las cuales se requerían para tener a un proveedor de tecnología que se necesitaba en los verificentros que contemplaba el nuevo modelo.
“Tendrá que ser la nueva administración la que licite, la que defina cuál será, si ya con todos los estudios previos estará con un blindaje ante cualquier intervención, corrupción, para que pueda ser el mejor el que preste el servicio y sí impulsando la mejora de los talleres actuales”.
Apenas en noviembre, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, había anunciado que dichas licitaciones serían internacionales, por lo que el nuevo modelo estaría funcionando a finales del próximo año.
El nuevo modelo se planteaba con la operación de verificentros y sanciones automáticas a los automovilistas que no realizaran la revisión de sus carros y se pretendía implementar este año.
Sin embargo, ante el incremento del precio de los combustibles, Sandoval Díaz anunció que no entraría en vigor, principalmente para no afectar la economía de los jaliscienses con dichas multas automáticas.
En contraparte anunciaron que se haría una campaña intensiva para que los automovilistas hicieran la verificación, pero de acuerdo con cifras de la Semadet, a noviembre de este año sólo 16 por ciento del parque vehicular del estado contaba con este requisito.
Incluso también anunciaron operativos conjuntos con la Secretaría de Movilidad para retirar de circulación a los carros ostensiblemente contaminantes durante esta época del año, pero en cuanto a verificación, la campaña intensiva nunca llegó.
El gobernador comentó que aunque no se transite al nuevo modelo de verificación, en 2018 se estaría haciendo la revisión de los carros, y los que eviten hacer este trámite serán acreedores de sanciones, pero no reveló más detalles al respecto.
“Yo no voy a licitar un nuevo modelo, va a quedar como fue aprobada la ley, se verá cómo habrá incentivos, los pagos y todo eso, también explicará quiénes van a tener que verificar en enero, quiénes en febrero, cuál sería la multa, cuánto es el descuento, cómo se va ir incrementando la multa, todo eso es lo que se les va a explicar”, adelantó el mandatario.
Finalmente, comentó que se invertirá en el control de las ladrilleras, en transporte escolar y en el consumo de energía renovable o limpia.
“Esperemos que a finales de la administración funcione un buen programa de verificación vehicular blindado de corrupción, con un proveedor tecnológico unificado, con transparencia y con 90 por ciento de los autos verificados, este fondo ambiental va a tener casi 700 millones de pesos de que casi todas las personas fueron a verificar”.
Lo que fueron las pretensiones de Magdalena Ruiz Mejía apenas el 27 julio con el nuevo programa de verificación vehicular, hoy se desvanecen con la cancelación del programa, que era la política pública estrella de la actual administración estatal en materia de calidad del aire.
Este programa, que incluía el regreso de verificentros con equipo para hacer un control de emisiones dinámico (el actual es estático) e implicaba que los actuales talleres se convirtieran en proveedores de convertidores catalíticos, formaba parte central de la agenda de calidad del aire y cambio climático que anunció Aristóteles Sandoval en noviembre del año pasado.
Esta agenda contemplaba 11 puntos, de los cuales dos tienen que ver con el nuevo programa que era presumido por Ruiz Mejía como uno de los más innovadores del país al tener, además, tres sensores remotos que en calle midieran las emisiones de los autos para evaluar la calidad de la verificación; además, estaría blindado contra la corrupción al automatizar procesos.
El resto de puntos implica inversiones en la red de monitoreo, conversión del sector ladrillero, programa de movilidad escolar, la creación del fondo verde, entre otros, el cual se nutriría con los impuestos recabados en la verificación para poder concretar el resto de los proyectos. Al no contar ya con el principal aportador, el control de emisiones dinámico y las multas automáticas por no cumplir, los demás programas de la agenda se ven comprometidos.
No obstante, la resistencia a asumir el nuevo programa de verificación provenía de los talleres mecánicos autorizados para el actual modelo de verificación, ya que reclamaron que la inversión para poder concursar por un verificentro sería cercano a los 8 millones de pesos. Aunque Ruiz Mejía aseguró que la cifra se daría a conocer cuando se lanzaran las licitaciones, éstas nunca se publicaron.
Los efectos que tendría la ciudad por no implementar el proyecto, de acuerdo con los objetivos que perseguía el mismo, será un bajo cumplimiento al control de emisiones debido a que la multa por no hacerlo no será automática como estaba planeado, lo que tendrá una repercusión en la calidad del aire y en las arcas del gobierno del estado, que habilitó un fondo verde para recibir estos ingresos e invertir en proyectos contra el cambio climático. A un año de haberlo formalizado, éste cuenta solamente con un capital semilla y fondos concurrentes por 12 millones de pesos, cuando se había programado que el primer año contara con 200 millones.
JJ/I