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Desentrañan funcionamiento de la corrupción en el estado

Presentación. Jalisco Cómo Vamos da a conocer el resultado de su investigación. (Foto: Especial)

Que la corrupción en las compras gubernamentales es generalizada, que existen represalias para quienes se atreven a denunciarla o que la inversión en campañas políticas se paga con contratos son sólo algunas de las conclusiones del Estudio Cualitativo sobre Corrupción, presentado la tarde de ayer por el observatorio Jalisco Cómo Vamos.

El estudio, resultado de diversos focus group realizados por Demoskópika México entre octubre y noviembre, con la participación anónima de agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara (Canaco) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, tiene la particularidad de centrarse en desentrañar cómo funciona la corrupción en la asignación de contratos públicos más que en el número de casos en los que esto sucede.

A decir de los proveedores gubernamentales, los actos de corrupción se dan en todo el proceso de asignación de obra o contrato. Previo a las licitaciones, por ejemplo, es común la filtración de información privilegiada o la realización de juntas informales previas que generan acuerdos irregulares. De igual forma es frecuente que las bases se divulguen en tiempos muy cortos para que puedan participar sólo algunas empresas o que éstas incluyan requerimientos técnicos muy específicos que no son realmente necesarios.

Durante las licitaciones se dan descalificaciones tempranas por incumplimientos irrelevantes o la presentación del fallo es manipulada al hacer énfasis en los puntos fuertes de la propuesta que se quiere favorecer y viceversa.

Mientras que de forma posterior es constante la exigencia de dádivas para recibir el producto, el cobro de comisiones para priorizar o realizar pagos o existen casos de incumplimiento consentido del contrato.

Otras de las denuncias realizadas incluyen la creación de empresas exprés por parte de funcionarios públicos, la asignación a empresas extranjeras que luego subcontratan a locales, represalias por denunciar irregularidades (particularmente quedar vetadas de los concursos públicos), retrasos selectivos en los pagos y la existencia de compañías cuya participación en las licitaciones es mera simulación.

Los empresarios señalan que existe mayor transparencia en las compras federales, seguidas por las estatales y, por último, las municipales.

Como consecuencia de todo lo anterior, los industriales han disminuido su participación en concursos públicos, pues “no quieren gastar su tiempo y su dinero” en propuestas inviables, las empresas sacrifican las ganancias o reducen condiciones de calidad para hacer costeables los proyectos y la fuerza laboral de las compañías se ve afectada.

Para Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, la presentación del estudio es un primer paso para acabar con uno de los grandes problemas del país.

“Abrimos la puerta para mirar no a los corruptos, sino a cómo funciona la trama de la corrupción. Ésta es una invitación, primero, para empezar a pensar políticas públicas que atiendan esto y que podamos modificarlo y, por otro lado, hacer estudios todavía más puntuales en sectores específicos para que se pueda ahí a mucho más pasar a la denuncia. Es también una carta abierta a los poderes públicos para decirles aquí está (la corrupción) y así está funcionando”.

Con esa postura coincidió Jorge Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

“El estudio ha desmontado la mecánica de cómo efectivamente esto ocurre y de primera voz de aquellas personas que se han visto perjudicadas por estos problemas. Al hacer esto nos dejan ver las entrañas de la bestia y los puntos flacos que ésta tiene. Si queremos poder acabar con esta hiedra, necesitamos una adecuada radiografía de su anatomía y este estudio es una de ellas”.

Resultado. Señalamientos de participantes

  •  Empresas han disminuido su participación en concursos, inhibidos por la corrupción
  •  Las empresas “no quieren gastar su tiempo y su dinero porque es una inversión hacer una propuesta sabiendo que no tienes posibilidades”
  •  Empresas sacrifican las ganancias o reducen condiciones de calidad para hacer costeables los proyectos
  •  No hay denuncias por temor a represalias. Saben que no los volverán a contratar
  •  Para denunciar se necesitan muchos recursos y estar preparados para la reacción de las autoridades denunciadas
  •  Las autoridades deciden a qué empresas pagan a tiempo y a cuáles retrasan los pagos
  •  En muchos mercados sí es importante venderle al gobierno para sobrevivir, porque es uno de los compradores más poderosos
  •  Hay más orden en las compras federales, seguidas por las estatales y, por último, las municipales

Las etapas de la corrupción

Previo a la licitación

  •  Discrecionalidad en las bases con requerimientos técnicos muy específicos que no son necesarios para la dependencia o se plantean con ambigüedad
  •  Tiempos muy cortos para entregar la propuesta para que sólo participen empresas que fueron avisadas
  •  Juntas informales previas que generan acuerdos irregulares
  •  Filtración de información privilegiada

Durante la licitación

  •  Descalificaciones irregulares tempranas por incumplimientos irrelevantes
  •  Presentación manipulada del fallo, haciendo énfasis en la propuesta que se quiere favorecer

Después del fallo de la licitación

  •  Reinterpretación de las bases o términos de referencia
  •  Exigencia de dádivas para recibir el producto
  •  Cobro de comisiones para priorizar o realizar los pagos
  •  Incumplimiento consentido del contrato

En todo el proceso

  •  Compromisos adquiridos durante las campañas
  •  Empresas exprés creadas por funcionarios públicos
  •  Contratación de empresas extranjeras que luego subcontratan a locales
  •  Presiones en la participación de empresarios dentro de comisiones de compras y contratación
  •  Represalias por denunciar irregularidades
  •  Funcionarios se alían con empresas que ya existen
  •  Hay empresas que sirven como chambelán para simular que participan en la licitación
  •  Hay redes entre empresas y funcionarios para eludir pagos de impuestos

Consecuencias

  •  Ganancia personal para el empresario público o empresa beneficiada
  •  Aumento de costos para el sector privado y malas condiciones de trabajo
  •  Aumento de costos para el erario
  •  Debilitamiento del sector empresarial afectado
  •  Población en general afectada

JJ/I