Fuego cruzado

La alternativa contraria a la insensatez de perpetuar la militarización de un Estado nación resquebrajado por una cacería abierta desde hace 11 años contra algunos grupos de narcotraficantes, de un Estado fallido en el ejercicio del derecho, de un Estado violentado cotidianamente desde el ámbito físico de sus ciudadanos y en sus derechos humanos, hubiera sido la profesionalización de las instituciones policiales, dedicadas a la ejecución de las leyes, la prevención de los factores que propician la criminalidad, la investigación de hechos delictivos y, en general, la seguridad pública.

Hay un dato muy manoseado, según el cual la Oficina para las Drogas y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas estableció en 300 la cantidad de policías necesarios para atender las necesidades de seguridad pública de las sociedades modernas por cada cien mil habitantes; muchos países lo igualan o superan, pero México lo mira con rezago: hay 331 mil policías en el país, según los datos del primer trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y se requeriría llegar a 430 mil para llegar a esa tasa, que actualmente está en 231. Por cierto que la tasa de policías por cada cien mil habitantes fue de 211 en 2000 y 247 en 2010. Vamos a la baja.

Eso no es un problema, sino una oportunidad. Múltiples oportunidades.

La implementación completa, desde el 18 de junio de 2016, del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral demanda profesionistas en la investigación criminal científica, ya no basados en la confesión forzada obtenida a base de golpes y torturas, diligentemente realizados; su sustento ha de ser ahora la obtención de pruebas para demostrar que una persona cometió efectivamente una conducta punible. Las academias de policía necesitan atraer a personas que se preparen para dominar las técnicas de investigación, pero también el respeto a los derechos humanos, empezando por las víctimas y los detenidos: policías investigadores que conozcan las leyes, los códigos penales y los de procedimientos, no sólo en el ámbito del fuero de sus investigaciones, sino también los otros códigos y leyes que puedan intervenir en el ejercicio de sus funciones.

El mismo sistema penal requiere de los policías preventivos una capacitación constante, y poco común en la práctica, para conocer las experiencias construidas a partir de la aplicación de protocolos, buenas prácticas, de otras corporaciones en lo municipal, estatal y federal; pero también las eventuales contrariedades implícitas en la labor policial.

Reto que quedó en el olvido fue el proyecto de conformar una policía nacional o, al menos, policías únicas estatales con solidez institucional y profesional en sustitución de las raquíticas policías municipales de la mayoría de las localidades del país, corporaciones integradas por una veintena de agentes con pocas armas y escasa instrucción en cuanto al ejercicio de sus atribuciones para garantizar la seguridad pública y responder a la posible comisión de hechos ilícitos, iniciando las pesquisas y la preservación de indicios, las entrevistas con las personas involucradas, la atención preponderante a las víctimas.

Siendo Guadalajara la segunda zona metropolitana con mayor cantidad de habitantes del país, la homologación salarial de sus policías marcará un abismo con respecto a municipios de Jalisco donde perciben un sueldo hasta cuatro veces menor; la marginación de éstos se hará todavía más extensa con respecto a las políticas metropolitanas que se están desarrollando en materia de seguridad pública, ya que también el gobierno de este estado optó por abandonar la conformación de una fuerza policial robusta, dejándose desde hace ya muchos meses a los dictados del centro que, finalmente, nos han colocado en el fuego cruzado, en el presente y más en el porvenir, de soldados y gatilleros.

@levario_j

FV/I