Un ‘steeplechase’ anticorrupción

Entre las pruebas de atletismo una de las más vistosas es el steeplechase o carrera con obstáculos. Lo que más llama la atención de esta prueba es que uno de los obstáculos que es necesario superar es un foso lleno de agua, que complica el avance de todos los corredores y le añade un reto particular.

Evoco esta carrera porque me parece que representa muy bien lo que ha ocurrido con la construcción del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ): el Comité de Participación Social (CPS), junto con organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia, ha ido superando los diversos obstáculos que la clase política, en particular los líderes de quienes nos representan en el Congreso de Jalisco, le han ido poniendo en el camino.

Y no es cosa menor lo que el CPS ha logrado: entregaron en tiempo y forma los dictámenes técnicos de más de un centenar de aspirantes a ocupar alguno de los puestos creados para conformar el SAEJ, a pesar de que el Congreso sólo les concedió dos semanas para llevarlo a cabo, sin asignarles presupuesto, personal, instalaciones o equipo.

De la misma manera, se logró superar el obstáculo del reparto de cuotas a los cuates, que según algunas versiones periodísticas ya habían acordado los principales líderes políticos de nuestro estado, por lo que se logró que el criterio del mérito personal tuviera el mayor peso al momento de decidir a quiénes asignar los puestos que estaban en juego.

Sin embargo, la parte más difícil, el foso en el que se ha atorado la puesta en marcha del SAEJ ha sido el nombramiento del fiscal anticorrupción. En este caso era muy evidente el interés por evitar que se nombrara a alguien que pudiera desempeñarse con independencia y autonomía, lo que fue motivo de enojo de parte de la sociedad civil, la cual hizo todo lo que estuvo a su alcance para presionar a los líderes de los partidos mayoritarios en el Congreso para que no dejaran atorado ese proceso.

No fue fácil, pero la ciudadanía interesada en el tema logró que se designara al primer fiscal anticorrupción, lo que implicó que los diputados sesionaran sólo para eso, el pasado 24 de diciembre, a las 16 horas, dando como resultado que por unanimidad los diputados presentes designaran al académico Gerardo de la Cruz como titular del citado cargo.

Sin embargo, al momento de redactar esta columna, un aspirante al cargo de fiscal anticorrupción, Gabriel Valencia, un militante de Movimiento Ciudadano, había logrado detener el proceso de nombramiento del fiscal mediante un juicio de amparo, pues consideraba que debió haber sido parte de una de las dos ternas que el gobernador envió al Congreso para que eligiera a quien considerara pertinente para ocupar dicho puesto.

Hago mención de la militancia de Gabriel Valencia porque el hecho es que ninguno de los liderazgos visibles de Movimiento Ciudadano se ha deslindado de la situación, a excepción del diputado Salvador Caro, nuevo coordinador de la bancada de dicho partido, por lo que es de suponer que al resto de los líderes no les molesta que el Sistema Anticorrupción no cuente con la posibilidad de investigar los presuntos casos de corrupción que se vayan denunciando. Esto es algo de lo que habría que pedirles cuentas.

Y en caso de que Gabriel Valencia ganara el juicio de amparo que interpuso también habría que pedirles cuentas a los responsables de atender los asuntos jurídicos del Congreso y del gobierno de Jalisco, ambos militantes del PRI, pues sólo podrían perderlo por ineptitud o negligencia. Y la carrera sigue.

@albayardo

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JJ/I