Cholula, contra ley de seguridad

Encabeza. El ayuntamiento de Cholula se convierte en el primero en el país en llevar ante la SCJN su inconformidad por delegar a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad pública. (Foto: Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la primera controversia constitucional que presentó el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en contra del decreto por el que entró en vigor la ley de seguridad interior.

De acuerdo con las listas, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, el cual fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que resuelva si admite o no a trámite la controversia.

El decreto por el que entró en vigor la ley de seguridad interior fue publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y el municipio actor demanda su inconstitucionalidad por considerar que "violenta de manera flagrante su autonomía".

El expediente de la demanda señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación.

El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, explicó que se interpuso una controversia constitucional contra los artículos 2, 6 y 11 pues se atenta contra la autonomía de los municipios, la cual está establecida en el 115 Constitucional.

Descartó que este recurso legal tenga fines electorales y argumentó que la comuna que representa sólo trata de evitar que la Policía Municipal sea suplida por las fuerzas castrenses.

El secretario general del gobierno municipal, Ignacio Molina, detalló que la controversia se presentó con base en tres criterios básicos: el primero, que la Constitución federal otorga a los Municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública.

En segundo lugar, expuso, señalan que la normatividad aprobada permite al presidente de la República emitir en cualquier momento una declaratoria para la intervención de fuerzas armadas en los municipios sin mediación del ayuntamiento.

Finalmente, argumentaron que las Fuerzas Armadas en el País no pueden desempeñar funciones de seguridad pública, como establece la constitución.

La Ley ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, al acusar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos, además de delegar en el Ejército la tarea de seguridad pública, relegando a las fuerzas civiles.

Partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunciaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la ley.

Durante la promulgación de la ley y ante el contexto de rechazo, Enrique Peña Nieto señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva.

Siguen

  • PRD y PT tienen lista la solicitud de acción de inconstitucionalidad
  • Será presentada la próxima semana ante el máximo tribunal del país, informó el coordinador del sol azteca en el Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez
  •  Esperan que una fracción de la bancada del PAN también la firme

JJ/I