SEA: ¿Venganza 'naranja'?

¿En qué momento los acuerdos que en las postrimerías de 2017 se concretaron en los sótanos del poder para el reparto de los espacios dentro del Sistema Estatal Anticorrupción se vinieron abajo o dieron la voltereta, agravándose al grado de que hoy se carece de un fiscal anticorrupción?

Como en su momento lo anoté en éste y otros espacios, en los corrillos políticos se ventiló el acuerdo inicial entre las dos principales fuerzas políticas en el Congreso del Estado, el PRI y el partido Movimiento Ciudadano, en el que el primero tendría el espacio correspondiente a la Auditoría Superior del Estado, con Cinthya Cantero Pacheco como prospecto, y el segundo la Fiscalía Estatal Anticorrupción, con Adrián Talamantes Lobato.

Sin embargo, la operación política para llevar hasta el final con éxito este proceso se descompuso por falta de capacidad y pericia de los negociadores, y ello llevó a que ninguno de los dos candidatos arriba mencionados asumiera el cargo que ya se había acordado con antelación.

Tampoco sabemos en qué momento y cómo es que al parecer hubo un enroque en los espacios inicialmente negociados, pues todo indica que ahora la Fiscalía Anticorrupción era para el PRI, en tanto que la Auditoría Superior se quedaría en manos de los alfaristas.

Todo indica que estos últimos lograron sacar adelante su proyecto en la persona de Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como auditor superior del estado, pues además de que fue diputado federal suplente en la 60 Legislatura –o sea que es un político hecho y derecho– es reconocido como parte de la camada de aquellos jóvenes estudiantes que fueron compañeros en la Preparatoria 5, como Ismael del Toro y Clemente Castañeda, entre otros alfaristas.

En cambio, su contraparte priísta no ha podido lograr que salga adelante quien habría sido su candidato a la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, quien no obstante que recibió el voto favorable de todos los diputados y por quienes los diputados alfaristas anunciaron que votarían y lo hicieron, no ha podido asumir el cargo por los obstáculos legales que para muchos son promovidos tras bambalinas por los alfaristas, a través de Gabriel Valencia López, hermano del diputado Augusto, quien logró la suspensión definitiva para evitar se concretara el proceso, pues reclama que debió ser integrado en una de las dos ternas que en su momento el gobernador envió al Ejecutivo, pues fue el tercero mejor evaluado de los aspirantes.

Extrañamente las cúpulas naranjas han guardado silencio en este caso, no obstante que su líder moral y político, Enrique Alfaro, podría destrabar el asunto.

El trabar la asunción de De la Cruz Tovar como fiscal anticorrupción, ¿es una venganza del alfarismo en contra del Ejecutivo y la fracción parlamentaria priista porque no se cumplió con el compromiso asumido inicialmente de que éste cargo lo asumiría su candidato y quien se habría acordado que lo haría, Andrés Talamantes Lobato, o es mera coincidencia?

¿Acaso se trata de una estrategia para sacar ventaja de este conflicto, luego de que evidenciaron la incapacidad y la falta de pericia de los negociadores del Ejecutivo para sacar adelante los acuerdos pactados en los sótanos del poder? Quienes tienen trabado este asunto, ¿qué quieren ahora a cambio?

Valga destacar también el muy extraño silencio de las cúpulas empresariales –particularmente la Coparmex– que se rasgaron las vestiduras para urgir la designación del nuevo fiscal anticorrupción; y el no menos extraño comportamiento de los grupos ciudadanos organizados que a través de desplegados exigían lo mismo.

No hay duda, pues, que chamaquearon a los operadores del Ejecutivo, y en este sentido alguien de ellos debe de pagar los platos rotos. ¿O serán premiados? Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I