Rezagos y dudas marcan a tribunal

A partir de este año, el Tribunal de lo Administrativo del Estado se transformó en Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que nació con 100 asuntos rezagados, dudas salariales de los magistrados de la Sala Superior y una vacante.

El magistrado presidente, Avelino Bravo Cacho, mencionó que están sesionando, aunque sólo sean dos y falte uno, porque quieren dejar todos los documentos listos para que sólo de su aval.

“El único impedimento es que no podemos sesionar sentencias definitivas si no están las tres ponencias de la Sala Superior”.

Bravo Cacho señaló que ya pasó la primera quincena del año, pero los dos nuevos magistrados no han cobrado algún salario porque están en la disyuntiva de cuánto deben ganar.

Consideró que están conscientes de que el salario de sus tres magistrados de la Sala Superior debe estar por abajo del gobernador, aunque los actuales de la Sala Unitaria ganan más.

“El tema en el cual esos salarios se sustentan es que son derechos adquiridos (…) jurídicamente no podría, tendría que ser una cuestión de voluntad en la que tú dijeras ‘yo, acorde a los que estamos viviendo, yo me bajo el salario’”.

Descartó que sea una cuestión de injusticia, sino de orden y de legalidad.

La Sala Superior fungirá como segunda instancia en cualquier tema siempre y cuando haya denuncia de una de las partes.

Cuando menos tendrán que dar de alta a 36 plazas nuevas, 11 por nuevo magistrado, y tres del órgano interno de control, y usarán los 45 millones de pesos planeados para fortalecimiento del tribunal en este año.

Este aumento no ayudará para cubrir el rezago histórico que mantienen por 50 millones de pesos.

Bravo Cacho admitió que hay incertidumbre jurídica por el amparo que interpuso Armando García Estrada, pero no le preocupa.

“No me preocupa, tanto mi compañero magistrado de la Sala Superior como tu servidor sabemos quiénes somos, sabemos que detrás de nosotros hay un currículum que nos respalda y estaremos a lo que dicte las autoridades correspondientes”.

García Estrada presentó el amparo 71/18 en el Juzgado de Noveno de Distrito en Materia Administrativa en contra de las designaciones de Bravo Cacho y José Jiménez Gutiérrez; le negaron la suspensión, pero el tema sigue de fondo.

Hasta marzo

El tercer magistrado administrativo de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativo podría ser electo el último día de febrero y entrar en operación el 1 de marzo si hoy se aprueba la convocatoria para este cargo, que lleva 17 días de retraso.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Hugo Contreras, señaló que le toca a la Comisión de Justicia aprobar la convocatoria y luego enviarla al pleno.

“Espero que haya la madurez de todas las fuerzas políticas para que esto se vea como un interés común, un interés general y no un interés partidista”.

Las fechas propuestas son que la convocatoria se publique 19 y 20 de enero, se entregue documentación 22 y 23 y las entrevistas el 26 de enero.

Al Comité de Participación Social le deben dar 30 días para el análisis de los expedientes y para que mande su propuesta técnica.

El presidente de la Mesa Directiva reconoció que hay una vacante en la Sala Superior del tribunal, pero que podrían nombrar sustituirlo con un secretario de acuerdos mientras hacen el nombramiento, tomando como base el artículo 14 de la ley orgánica de este tribunal.

Comentó que la titular de la Comisión de Justicia, Mónica Almeida, es la que debe explicar la demora de la convocatoria porque ya se le había urgido para que la hiciera.

“Yo le pedí a la diputada Mónica y me dijo: ‘Estoy en la espera de una recomendación que me quiere hacer el Comité de Participación Social’, y le digo aceléralo para que pronto lo sea”.

Contreras Zepeda mencionó que hasta ayer no habían sido notificados por el Juzgado Sexto de Distrito del desistimiento del amparo que promovió Gabriel Valencia.

“Lo que estoy haciendo es que tengo una gente del jurídico en el juzgado esperando para que no me vengan a notificar o no se tarden en notificar, yo ahí la tengo, cuando yo tenga el auto o la resolución, se notifica al Congreso”.

En cuanto llegue la notificación reanudarán la sesión y se hace la declaratoria del fiscal anticorrupción para que puedan pedir la elaboración de los exámenes de control de confianza a Gerardo de la Cruz Tovar.

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“Yo le pedí (la convocatoria) a la diputada Mónica y me dijo: ‘Estoy en la espera de una recomendación que me quiere hacer el Comité de Participación Social’, y le digo aceléralo para que pronto lo sea”
Hugo Contreras Zepeda, presidente de la Mesa Directiva

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