Las lecciones del arranque del Sistema Anticorrupción

La elección de los primeros responsables de poner a funcionar el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción dejó un saldo favorable. Aunque las decisiones que se tomaron no fueron las ideales y todavía hay algunos casos atorados, además que no se pudo evitar el reparto de cuotas entre los partidos políticos, al menos se elevó el nivel en los perfiles de quienes fueron electos.

Los factores que influyeron para que se pudiera avanzar tienen que ver con las presiones que hubo desde la sociedad civil organizada y, seguramente, la cercanía del proceso electoral y la necesidad de los actores políticos de colgarse la medalla de la lucha contra la corrupción.

La determinación del Comité de Participación Social que preside Jorge Alatorre, de incluir en la convocatoria una evaluación, aunque no fuera vinculante, se convirtió en el candado clave. Permitió no perder el control de las designaciones, una vez que el proceso quedara exclusivamente en manos de los partidos políticos, a través del gobernador Aristóteles Sandoval y de los diputados locales.

El caso emblemático fue el de la primera terna que envió el gobernador para la elección del fiscal anticorrupción, en la que incluyó a un candidato relacionado con cada una de las primeras fuerzas políticas: Iris Morán Ferrer, del Partido Revolucionario Institucional; Rogelio Barba, del grupo Universidad de Guadalajara y Adrián Talamantes, impulsado por Movimiento Ciudadano.

En el caso de Barba y Talamantes, el primero no estuvo entre los mejor evaluados por el Comité, mientras que Talamantes ni siquiera se presentó a la evaluación. A la distancia, actores políticos afirman que fue un intento del gobernador de dejar a Iris Morán Ferrer, quien obtuvo la mejor calificación, como la mejor opción.

Morán Ferrer fue la responsable de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado y se le vincula al grupo de Enrique Dau. A pesar de los resultados que obtuvo en la evaluación, no se puede perder de vista que su trabajo en el cargo que tuvo ha sido severamente cuestionado e incluso se señala como la principal causa del aumento en los delitos, sin contar los desvíos que acreditó MVS Jalisco de varios millones de pesos que debieron usarse en capacitación.

Se podría considerar como un triunfo el nombramiento del académico Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción, tanto por los resultados que obtuvo, ocupando el segundo lugar, como por su perfil no político.

El resto de los nombramientos transcurrieron con menos sobresaltos y casi con la misma característica: se repartieron como cuotas entre los partidos políticos, pero éstos debieron elegir entre los mejores perfiles.

Una prueba clara de que ese reparto existió es el nombramiento que no se pudo dar, de uno de los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. En este caso, el Partido Acción Nacional (PAN) reclamó el espacio y aseguró que así se había acordado; sin embargo, en la alianza que mantienen Movimiento Ciudadano y el Grupo UdeG, se intentó entregar esa posición al Partido de la Revolución Democrática. Ninguno tuvo los votos suficientes.

Lo que puede quedarnos como lección de todo lo que sucedió, es que no podemos perder de vista el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción en ningún momento. La integración de cada una de las áreas que se encargarán de desahogar los procesos fue apenas el primer paso. A los ciudadanos nos corresponde mantener la vigilancia, exigir que funcione y que dispongan del presupuesto y de las herramientas para hacer su trabajo. No podemos dejar que sea el mismo gatopardismo de siempre.

FV/I