Incrementar la guerra y la impunidad

Una práctica frecuente de la clase del poder es decretar leyes contrarias a los intereses de la sociedad durante los periodos vacacionales. Justo en el momento en que buena parte de la población se encuentra entretenida en las festividades. Así fue el caso de la Navidad y Año Nuevo pasados, cuando unos días antes del 24 de diciembre el presidente Peña Nieto promulgó la llamada Ley de Seguridad Interior (LSI).

Como sabemos, la pretensión de hacer legal la militarización del gobierno no es nueva. De hecho, desde hace varios años que este proceso ha venido avanzando, de manera que hoy es muy frecuente que por las calles de las ciudades, las carreteras y los caminos de los pueblos nos encontremos con convoyes de militares del Ejército o de la Marina fuertemente armados, en vehículos artillados y con pasamontañas. En Jalisco, a fines del siglo 20 se discutió que la instalación de retenes policiales y/o militares violaba la Constitución. Específicamente el derecho al libre tránsito. También desde entonces se señaló el error y el riego que podría significar el ocupar al Ejército en labores que no le corresponden y para las que no están preparados los militares. El número de muertos y desaparecidos ahora comprueba que, como se dijo antes, las Fuerzas Armadas no son cuerpos preventivos sino cuerpos de combate, máquinas de guerra y destrucción.

No obstante, ahora con la LSI vuelven con ese tema y con mayor fuerza. Dicen los expertos críticos que, comparándola con otras, esta ley resulta peor que la antiterrorista de Inglaterra o que la ley patriota de Estados Unidos. En el fondo, dicen, se encuentra la posibilidad de un Estado de sitio o de la militarización sin precedentes, pero de manera legal.

Quienes la han estado cuestionando coinciden en que es violatoria de los derechos humanos; que otorga facultades de policía a las Fuerzas Armadas; que no se regula la acción ni el tiempo de éstas e incrementa la intervención militar en la vida pública, sobre todo contra las protestas sociales; que se viola el derecho a información y que permite la intervención y el espionaje de información personal; que la imprecisión de la definición permite que todo quepa dentro de la figura de seguridad interior.  ¡Qué bueno que (dicen) vivimos en democracia!

¿Se puede o debe criticar al gobierno y la clase política por decretar esta ley? Sí, pero no bajo el supuesto de que están cometiendo un error. En todo caso el error es nuestro al seguir pensando de esa manera. Ellos están haciendo su trabajo y por lo visto se preparan para futuros estallamientos sociales o para un eventual crecimiento de la protesta. En este sentido se puede arriesgar la hipótesis de que, dado que las reformas estructurales no han logrado sus objetivos, entonces el Estado y el capital están demostrando con esta ley que están dispuestos a hacer lo que consideren necesario para cumplir sus objetivos y tratar como enemigo a quien se oponga a ellos así sea mínimamente y sin importar siquiera si es dentro de sus propias filas. Incrementar la guerra y legalizar todo lo que ella implica parece ser la estrategia para mantenerse en el poder y profundizar sus procesos de acumulación de riqueza.

A nivel internacional la LSI ha sido fuertemente cuestionada hasta por la ONU, lo cual da una idea del escándalo. Dentro del país también se han presentado diversas impugnaciones. Y no es para menos dado que hace algunos años se ha venido denunciando y documentando la activa participación del Ejército y la Marina en hechos represivos, asesinatos, desapariciones y tortura. Y por cierto, de entre las denuncias que se han presentado al respecto durante este primer mes de 2018, destaca la rapiña como práctica sistemática.

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