Incongruencias electorales

En México probablemente tenemos una de las legislaciones electorales más complejas, y al mismo tiempo, inútiles. Cada vez que hay procesos electorales vemos cómo las reglas y candados son rotos utilizando métodos que van desde lo más sofisticado hasta lo más obvio. También es común que varios años después de pasado el proceso, nos vayamos enterando de las irregularidades, cuando ya es imposible corregir algo.

Los ejemplos sobran. Por ejemplo, los procesos de fiscalización de los gastos de partidos y candidatos toman demasiado tiempo y no son confiables, puesto que los políticos se han hecho expertos en cubrir sus huellas, aunque eventualmente salen a la luz, como es el caso del actual escándalo de las transferencias de diversos gobernadores priístas a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. O las transferencias ilegales del sindicato petrolero al PRI en la contienda de 2000.

También tenemos las inconsistencias del sistema que supuestamente debería proteger los procesos, evitando sobre todo que se sobrepasen los topes de gasto y no haya irregularidades como compra o coacción del voto; sin embargo, se ha permitido la distribución de despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo para adquirir votos; incluso, se han entregado monederos electrónicos (cuyos fondos no tienen un origen del todo claro) lo cual debería constituir una clara muestra de ilegalidad; sin embargo, en el colmo de la desfachatez, el Tribunal Federal Electoral ha dicho que como los monederos no tenían fondos a la hora de la entrega, no constituyen compra venta de votos y tampoco pueden ser considerados como parte de los gastos de los partidos. En el caso de Coahuila el año pasado, en un proceso ampliamente cuestionado, originalmente se dio el triunfo a Guillermo Anaya, de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, en virtud de que el INE estimó que el candidato del PRI habría excedido los topes en sus gastos de campaña; sin embargo, el Trife anuló esta resolución y validó el triunfo del candidato priísta.

Actualmente estamos padeciendo otra notable incongruencia del sistema: las precampañas. El calendario electoral establece fechas claras para que los candidatos hagan proselitismo, y castiga a quienes hagan actos anticipados; sin embargo, permite publicidad electoral en los procesos internos de los partidos, de manera que los militantes puedan decidir quién será su candidato; en teoría, los candidatos únicos (quienes no atraviesan por una contienda interna) no tendrían por qué anunciarse, pero un agujero en la ley permite que los partidos los designen “precandidatos” aunque no compitan contra nadie, y por tanto, puedan promoverse. A veces, algunos partidos con un mínimo de pudor ponen más precandidatos de paja, para que no se vea tan mal.

Los precandidatos únicos tienen acceso a medios masivos de comunicación, y aunque al final de sus mensajes digan “mensaje dirigidos a los miembros de tal partido”, el resultado es que la mayoría de la población es expuesta a esta publicidad. Una de las peores perversiones del sistema es que los candidatos pueden anunciarse, pero no pueden invitar a votar por ellos y tampoco pueden decir cuáles son sus propuestas, así que el resultado es un mar de anuncios que carecen de importancia: los políticos por ley no pueden decir cómo van a resolver los problemas que enfrentamos (¡!). Sólo pueden expresar que quieren ser candidatos por su partido a determinado puesto, cuando ya lo son de facto. Para lo único que sirven estos anuncios es para promover la imagen de los candidatos y para arrojar lodo a todos los demás.

No cabe duda de que en México tenemos un sistema caro, ineficiente, incongruente e impráctico que no garantiza la democracia.

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FV/I