‘Guerra sucia’ y campañas

La guerra sucia electoral exhibe lo peor de los partidos políticos mexicanos. Muestra lo siniestros que son los grupos internos que la promueven, los militantes que la ejecutan y los líderes que la avalan. Sumemos a los legisladores que aprueban leyes que no la impiden y a las autoridades electorales incapaces de detener y sancionar a los participantes. El sistema electoral es solapador. Permite convertir el proceso electoral en un circo donde los payasos se lanzan pastelazos para entretener a los espectadores.

Los involucrados en la guerra sucia electoral están dispuestos a todo con tal de que los contrincantes no les arrebaten el poder o a ponerles piedras en el camino ante la certeza de que lleguen a fortalecerse. Hemos visto en la fase previa a las elecciones cómo actores políticos recurren a cualquier artimaña ilegal o no ética para tundir a los opositores, muchas ocasiones internos, compañeros suyos, a los que tampoco respetan.

El término guerra sucia es un pleonasmo: no existen las guerras limpias. Pero es una metáfora que busca ilustrar los ataques electorales que se lanzan unos contra otros, a tal grado que en los procesos se normalizaron las agresiones. Como poco se combate, poco se denuncia con evidencias y, por consiguiente, casi no se investiga, la impunidad le da alientos para continuar.

La palabra guerra implica el exterminio del adversario o, por lo menos, su inmovilización y derrota. La guerra electoral implica escaramuzas y batallas en las que el objetivo político es restar porcentajes de intención electoral a los contrincantes. En tiempos donde medio punto puede significar un triunfo o perder las elecciones, la meta puede incluir desalentar la participación ciudadana.

La guerra sucia electoral es la antípoda del debate político es la negación del razonamiento lúcido, es la acción paulatina que hunde a la democracia. La guerra sucia es lo contrario al fomento de los valores democráticos o a los intentos, meros intentos, de conciliar de manera pacífica los intereses políticos, no los intereses ciudadanos.

La guerra sucia electoral adquiere otra dimensión cuando se fomenta no sólo desde los partidos políticos, de alguno de sus subgrupos o desde alguna institución política o gubernamental, sino también con la participación de la delincuencia organizada.

O cuando a los propios grupos delictivos no les conviene que llegue tal candidato o partido, y los amenazan o hasta asesinan si no se hacen a un lado. Eso está sucediendo en entidades, municipios o regiones donde la delincuencia es un poder alterno al oficial. Jefes de bandas criminales también han actuado con objetivos políticos. ¿Cómo nos explicamos entonces el asesinato de ciertos alcaldes, candidatos o líderes sociales? Pasa ya en Jalisco.

Cuando la guerra sucia electoral se esparce, sus promotores se denigran como personas, pero también denigran la actividad política. De por sí los ciudadanos no confían en los partidos políticos ni en los políticos tradicionales, y cuando desde su seno se arman o solapan proyectos de combate sucio al opositor, mucho menos. La política deja de ser un servicio a la comunidad para convertirse en actividad delictiva. El dizque buen samaritano queda reducido a una parábola a la que nadie hace caso, donde la mayoría finge seguir ese modelo de cumplimiento.

Estamos en un proceso electoral en el que la guerra sucia empezó. Donde conforme pase el tiempo es previsible que arrecie. Se advierte en las redes sociales, donde se difama, miente o desinforma, desde bots, cuentas falsas o hackeos, hasta con el uso de recursos económicos surgidos no se sabe de dónde para organizar campañas callejeras.

La guerra sucia no se detendrá con acuerdos como el recientemente firmado, exhortaciones al comportamiento ético o castigos divinos. Tampoco saldrá con fuerza de la clase política. A menos que una ciudadanía organizada, preparada y dispuesta presione, proponga y se sume en distintos frentes para poner un hasta aquí a los profesionales del estiércol.

sergiorene.dedios@gmail.com

JJ/I