Líderes sociales bajo riesgo

La inseguridad y la violencia son problemas que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales han podido afrontar. Los ciudadanos padecemos cada día sus consecuencias. Esa violencia cotidiana se va haciendo parte de nuestra vida diaria; sin embargo, no nos deja vivir tranquilos, caminamos por las calles con temor, mientras los delincuentes siguen ganando terreno, los gobernantes hacen como que no pasa nada y nosotros seguimos expuestos a sufrir agresiones, un levantón o ataques directos.

Si la seguridad de todos importa, si perder una vida a causa de la inacción de las autoridades duele, resulta mucho más penoso que la vida de ciudadanas y ciudadanos que trabajan por su comunidad, su barrio o su municipio sean blanco para los delincuentes. Dos casos llaman la atención a lo largo de esta semana: el primero es el de Guadalupe Campanur, una mujer indígena de 32 años que era apreciada en la comunidad Cherán, Michoacán, por participar en “las rondas”, una práctica a través de la cual los ciudadanos se organizan para defender sus recursos, cuidar los bienes de la comunidad como el agua, los bosques y la calidad del aire. Ahora resulta que también los ciudadanos organizados, quienes trabajan a favor de sus comunidades y la defensa de sus derechos, sufren el asedio de los criminales y los gobiernos hacen muy poco o nada para frenar la violencia y el crimen.

Cherán desde 2011 cerró las puertas a los partidos políticos, decidió darse una forma autónoma de gobierno y se hace cargo de la seguridad de sus habitantes. Desde entonces no habían sufrido un ataque tan directo. Fuera del municipio, ni el gobierno de Michoacán ni el gobierno federal hacen lo suficiente por defender efectivamente la vida de las personas ni los bienes de la comunidad, como pasa con el resto de los ciudadanos y municipios del país.

Los tiempos electorales ponen de manifiesto bajo qué condiciones se da la competencia entre candidatos. La seguridad de los contendientes no está garantizada como podría esperarse de una democracia consolidada, como se presume en nuestro país.

Justo el segundo caso tiene que ver con la candidata independiente Marichuy. Su equipo de trabajo y un grupo de periodistas independientes que cubría sus actividades políticas sufrieron una fuerte agresión. Los periodistas salían del municipio de Tepalcatepec, resguardados por la guardia comunal de Ostula. Cuando se dirigían hacia Paracho fueron acorralados por una camioneta de la que se bajaron cinco personas con armas de alto poder, los amenazaron y obligaron a entregar cámaras, equipos y celulares.

Resulta obvio que el trabajo de los periodistas, de dar cobertura a un evento en el que se dio a conocer la agenda de trabajo de Marichuy y su equipo, resultó molesto para los criminales que quieren imponerse en esos territorios. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la lucha por que la riqueza forestal sea un bien de la comunidad, de los ejidos y se frene la explotación y el despojo es un asunto que incomoda a ricos, poderosos y criminales.

Estos ataques y el asesinato de Lupita en Cherán son acciones claramente intencionadas, cuyo propósito es infundir miedo y terror, desalentar a que los ciudadanos participen, se organicen, pongan un alto al despojo de caciques y empresas que sólo buscan incrementar sus ganancias a cualquier costo. No les importa cuidar el medio ambiente, atropellar la paz o los esfuerzos de una comunidad por darse un buen gobierno, violentar o acabar con la vida de personas o pueblos.

El crimen se expande a sus anchas y los gobiernos estatales y federal, ¿qué hacen para detener a los violentos y asesinos?

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