Impuestos voluntarios, alternativa a la corrupción

Cuando escuchamos las promesas en precampaña y les ponemos atención advertimos que para hacer real ese México de fantasía que pintan se necesita dinero. Para poder alcanzar todas las metas de ese México idílico y paradisiaco que dibujan en sus propagandas para uso exclusivo de sus militantes tendrán que subir los impuestos.

Comúnmente, los impuestos suelen ser utilizados de modo electoral; se anuncian reducciones de impuestos, pero ya en el poder los gobiernos realizan reformas fiscales, pero no de fondo. Esto provoca un gran descontento entre los ciudadanos, pues no hay un modelo claro y concreto de un proyecto social, por lo tanto, no hay una relación directa entre la política impositiva y la política social.

Sin duda, percibimos que en la recaudación de impuestos en México hay una pulsión insaciable de control y dominio del gobierno, del SAT, sobre el ciudadano.

La organización México Evalúa denunció recientemente que la SHCP asignó a algunos estados cerca de 300 mil millones de pesos, de modo discrecional, sin criterios para determinar montos, sin reglas de operación y sin control de la Cámara baja. En contraste, al gobierno de Chihuahua se le retuvieron 700 millones de pesos que ya se le habían asignado.

Todo esto, unido a la enorme corrupción e impunidad, desalienta al ciudadano a pagar sus impuestos. Los cobradores de impuestos nunca han gozado de popularidad, en el mundo antiguo eran odiados. El escritor griego Luciano de Samósata (125-180 d.C.) los pone en el mismo saco junto con los “adúlteros, alcahuetes, aduladores, delatores y calumniadores”.

La ética positiva de la fiscalidad en la actualidad, según el filósofo Peter Sloterdijk, parte de que el sistema fiscal debería ser voluntario, lo cual supone una revolución cultural de los ciudadanos. Esta propuesta parece ingenua pero ciertamente postula una actitud noble del ciudadano con un espíritu de responsabilidad y sano orgullo de colaborar con auténtica libertad al bien común.

Se debe impulsar la concepción de que pagar impuestos es contribuir al bien común, y así se debería fomentar una buena educación cívica en las escuelas, para que se valore el costo de los servicios que se gozan como la salud, la educación, el transporte, el funcionamiento de las instituciones y si esto no se da, protestar con la desobediencia civil.

La doctrina social de la Iglesia católica establece que los impuestos, es decir, los ingresos fiscales y el gasto público, asumen una importancia económica trascendental para la comunidad civil y política. En el pueblo hebreo, la finalidad del diezmo era ayudar al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano a satisfacer su hambre (Deut. 26, 12).

Para la iglesia, el objetivo de recaudar impuestos debiese ser para tener finanzas públicas capaces para ser un instrumento que detone el desarrollo con criterios solidarios, tendientes al bien común.

“Una hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía, porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación, sostener las actividades empresariales y las iniciativas sin fines de lucro, y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y de protección social”.

Para avanzar en la construcción de ciudadanía debemos crear instrumentos de presión ciudadana para no quedarnos en la legalidad de los impuestos sólo por las leyes que el gobierno impone, sino impulsar a una regulación legítima, justa y ética.

Si en el manejo de los impuestos no se actúa con ética social, con sanas políticas redistributivas, se corre el riesgo de favorecer a los más ricos y oprimir las espaldas de las clases medias y de los más pobres. Eso es lo que ha hecho la política fiscal del Estado mexicano los últimos años.

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JJ/I