Un retraso injustificable

¿Qué pensaría usted de una empresa a la que con mucho tiempo de anticipación le encargara la organización de un evento sumamente relevante para usted y que unas horas antes de la hora programada para realizarlo le avisara que no tiene listo todo lo necesario, pese a que usted les llamó en varias ocasiones para verificar que no hubiera contratiempos, y en todas ellas le comentaron que todo iba bien?

¿Y si esa empresa en vez de comprometerse a reparar el daño que le causó le pidiera que le diera más tiempo para organizar el evento? ¿Y qué haría si se diera cuenta de que todo eso ocurrió debido a que muchas personas dentro de esa empresa no querían participar en la organización del evento?

Pues esto mismo es lo que ocurrió en Jalisco con la implementación del nuevo sistema de justicia penal (NSJP). Se le dieron a nuestras autoridades ocho años para elaborar y modificar las leyes necesarias, construir la infraestructura requerida, y capacitar a todo el personal policíaco y judicial que tendría relación con dicho sistema, así como para ofrecer la formación pertinente a abogados y demás profesionistas involucrados en el tema penal, y todo eso se empezó a hacer unos cuantos meses antes de que terminara el plazo.

Al parecer el retraso se debió a la resistencia de una buena parte de las personas involucradas en el tema de la justicia penal: jueces, policías, ministerios públicos, abogados, etcétera. De acuerdo con los estudios de Thomas Kuhn, son los profesionales de las distintas disciplinas quienes más se oponen a los avances de las mismas, porque eso les implica volver a aprender, y en ocasiones ese esfuerzo es indeseable para algunas personas. Así que es muy probable que varias de estas personas le hayan apostado a que su resistencia más o menos pasiva a la implementación del nuevo sistema haría que se cancelara antes de la fecha de su entrada en vigor.

Y las consecuencias de esto se han ido haciendo públicas: la policía detiene a muchas personas, pero como no sigue los procedimientos correctos, en muchas ocasiones los jueces determinan que se debe liberar a esas personas, dado que no se cuenta con elementos que permitan suponer que las personas detenidas son culpables de lo que se les acusa.

De hecho, tal vez la policía y los ministerios públicos sean la parte más débil del NSJP, porque fue a quienes menos se capacitó para hacer bien su trabajo dentro del nuevo sistema. Es decir, no es lo mismo dedicarse a detener personas más o menos al azar, a partir de acusaciones genéricas y con base sólo en la palabra del policía, y la confesión, muchas veces obtenida bajo tortura, de la persona detenida, que ocuparse en recabar y presentar pruebas y evidencias que permitan suponer, lógicamente, que la persona detenida es responsable del crimen del que se le acusa.

El problema es que en vez de que las autoridades encargadas de la procuración de justicia se capaciten, toman como excusa al NSJP para no hacer bien su trabajo, evitando que las víctimas de la delincuencia reciban la justa reparación del daño que sufrieron. De este modo, su resistencia se ha vuelto activa, y ahora están pidiendo que se dé marcha atrás a la implementación del nuevo sistema, para lo que han contado con el respaldo de abogados y víctimas del delito que siguen sin comprender que lo que importa es que se sancione al verdadero responsable y se repare el daño causado, y no que haya una persona en la cárcel sin saber si es culpable o no.

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@albayardo

JJ/I