Buscar a los desaparecidos, del discurso a los hechos

Uno de los cinco retos que asumió el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en su mensaje con motivo del quinto Informe de Gobierno es pedir al Comité de Participación Social (CPS) que lleve el proceso de designación del nuevo fiscal para desaparecidos.

Podemos reconocer al mandatario la intención que ha tenido en este tema, porque la mayoría de las autoridades en el país, especialmente a escala federal, han preferido ignorarlo. Además, no es la primera vez que incluye el tema en sus discursos. De hecho, fue justamente en otro de sus informes que Sandoval Díaz aceptó que el tema de desaparecidos se había convertido en un problema para el estado. Lo importante es que en algún momento se pase de los discursos a los hechos.

En los datos más recientes publicados por el periodista Darwin Franco se puede constatar que durante 2017 Jalisco fue el estado líder en denuncias por desaparición, pues se presentaron 3 mil 120.

Como resultado de una solicitud de información, vía transparencia, Franco documentó que como parte de esas denuncias se reportó la desaparición de 3 mil 762 personas, de las cuales al 31 de agosto de ese año se habían localizado 2 mil 259 con vida y 124 muertas; esto significa que en 2017 había mil 379 personas cuyo paradero se desconoce, pero Jalisco sólo reportó al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) 234 desapariciones.

¿Por qué se desapareció a mil 145 personas de la lista de desaparecidos? No hay una respuesta y estas omisiones son las que hacen dudar que el gobierno del estado vaya en serio.

Jalisco tuvo ya una fiscal nombrada especialmente para atender este tema. Teresa Medina fue designada para hacerse cargo de la búsqueda de personas, pero unos días después, a principios de noviembre del año pasado, renunció.

La versión del gobierno del estado sobre la salida de la funcionaria fueron motivos de salud. Ella guardó silencio. Personas que han trabajado en el tema aseguran que se fue porque no encontró condiciones para realizar su tarea, pues no le permitieron integrar un equipo de trabajo y los funcionarios que se enviaron a su área pretenden seguir haciendo lo mismo de antes, es decir, nada.

Con la salida de Teresa Medina se quedó a cargo de esa área el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro.

El gobernador volvió a mostrar que el tema está en su agenda al incluirlo como una de las cinco prioridades en las que trabajará en los últimos meses que le quedan a su administración. Además, la incorporación del CPS, que hizo un buen trabajo en la integración del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), es un gesto importante.

El problema fue unas horas después. Dante Haro dijo que ya están los nueve candidatos al cargo para que el CPS los evalúe.

De inmediato, las organizaciones de la sociedad civil alertaron los riesgos de lo que podía pasar. Señalaron sentirse sorprendidos por las declaraciones de Dante Haro. Mencionan que se integró un comité en el que participan el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Fundej y Por Amor a Ell@s, así como las autoridades.

Ese comité acordó el 30 de enero pasado, aseguran, que la convocatoria debía declararse desierta y emitir una nueva, porque ninguno de los candidatos de los que habla Dante Haro cubre con el perfil requerido.

No es un tema menor. No se trata sólo de tener un fiscal para cubrir las formas o aparentar interés en el tema. Esta es la oportunidad del gobernador para ir del discurso a los hechos y demostrar que la búsqueda, ahora sí, se abordará en serio.

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JJ/I