Prácticas obsoletas frenan indagatorias

Lo preocupante de la cantidad de investigaciones archivadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) es la ausencia de estrategias para sistematizar su información, sostuvo el investigador de El Colegio de Jalisco Guillermo Zepeda Lecuona.

El sistema de justicia penal en la entidad sigue arrastrando prácticas del sistema tradicional escrito, consideró el académico, y no se le ha dado la importancia suficiente a los métodos de justicia alternativa alentados por los principios del sistema acusatorio, refiriéndose a una tasa de 32 por ciento de investigaciones archivadas con respecto a la totalidad de delitos bajo investigación durante 2017, de la cual informó este medio el martes.

“Una tasa de 32 por ciento no sería alarmante siempre y cuando sea porque el término de las investigaciones están en marcha, que tengan una alta tasa de resolución. En Jalisco llama la atención por la baja tasa de resolución. En las investigaciones del sistema acusatorio tenemos el dato de 2.4 por ciento de efectividad”, planteó Zepeda Lecuona.

Los menos de 3 mil casos resueltos por mecanismos alternativos en 2016 llamaron la atención del especialista en justicia penal contra los casi 107 mil delitos cometidos ese año y alrededor de 37 mil carpetas sin concluir; afirmó que hay entidades donde se han creado unidades de investigación para casos de imputado desconocido, en las cuales capturan información de carpetas archivadas y reactivan investigaciones.

“Ojalá no se vea como una bodega de carpetas de investigación, sino que se vea como en otros estados: Tabasco, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, donde toman toda la información que hay en las carpetas la sistematizan, desarrollan patrones, de tal forma que van esclareciendo asuntos”.

“El modelo de investigación está colapsado, sigue investigando el Ministerio Público de manera epistolar, por oficios. Por oficio le piden al coordinador de investigación que por oficio le pida al coordinador del área pericial que por oficio pida peritajes. En el nuevo sistema, teniendo tanta carga de trabajo como tienen los ministerios públicos en Jalisco, es increíble”, criticó Zepeda Lecuona.

“Es un sistema flagrantoadicto, depende mucho de la flagrancia (…) eso es lo que tiene colapsado al sistema de justicia”.

Según datos del especialista, alrededor de 90 por ciento de los casos consignados por la FGE en el sistema tradicional eran con detenido en flagrancia, lo que disminuía dramáticamente las posibilidades de que un asunto sin detenido se resolviera.

Destacó que en materia de justicia alternativa, en las 43 salas de oralidad en todo el estado hay 43 facilitadores certificados por el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco solamente, cuando desde 2014 es obligatorio que estén certificados a nivel nacional de acuerdo con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, lo cual es signo de desatención al respecto.

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“Una tasa de 32 por ciento no sería alarmante siempre y cuando sea porque el término de las investigaciones están en marcha, que tengan una alta tasa de resolución. En Jalisco llama la atención por la baja tasa de resolución”

“La judicialización se ha desplomado, es un sistema que dependía de la flagrancia y no saben qué hacer si no hay flagrancia, dependemos de que la persona robe ante notario casi casi para que pueda ser consignada”.
Guillermo Zepeda Lecuona, académico

En 2016

107 mil delitos cometidos

3 mil casos resueltos por mecanismos alternativos

37 mil carpetas de investigación sin concluir

Critican rezago

En comparación de otros estados, Jalisco está rezagado en la prevención, el combate y la procuración de justicia porque los números del año pasado se mantienen en la misma proporción que el anterior, sin mostrar una reducción, y la aplicación del nuevo sistema de justicia penal está en los últimos lugares, comentó el especialista en derecho Guillermo Zepeda Lecuona.

Aseguró durante la glosa académica y de expertos por el quinto Informe de Gobierno que la probabilidad de que un delito denunciado se investigue es sólo de 2.4 por ciento, eso agregado a que sólo se denuncia 7 por ciento.

El porcentaje para que se esclarezca un delito es de 0.47 por ciento, cuando en Guanajuato es de 6.5 por ciento; otros estados que combaten mejor la impunidad son Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Baja California y Coahuila.

“Es más fácil sacar doble reintegro en la lotería dos veces que un delito se esclarezca en nuestra entidad, de hecho la pregunta no es por qué tantos delitos en Jalisco, sino por qué no hay más, porque esta cifra es de ineficiencia, evidencia el colapso del aparato de justicia", precisó.

El 78 por ciento de los detenidos salen libres por falta de pruebas, expuso; tal parece que debe documentarse un delito frente a un notario para que pueda proceder por la corrupción que hay, la falta de conocimiento de las nuevas reglas, la pereza para investigar y el pánico a la sala de audiencias.

“Ha empeorado, incluso al grado de que la capacidad de investigación de la fiscalía, de por sí muy pequeña, se está partiendo por mitad, pasó de un 5.6 a un 2.4 en el sistema acusatorio”.

Aseguró sobre los delitos de acto impacto que era difícil pensar que podrían seguir creciendo, pero el quinto Informe de Gobierno refleja que sí pasó.

Señaló que Jalisco es el tercer estado con mayor ocupación penitenciaria con 172 por ciento, cuando Naciones Unidas señala que estar por arriba de 100 por ciento ya es un trato cruel e inhumano.

Alertó que también es el séptimo estado donde menos se denuncian delitos.

José de Jesús Becerra, académico de la Universidad de Guadalajara, indicó que en el informe hay un vacío en los derechos sociales como los educativos, de salud, alimentaciones, entre otros.

Una muestra es el aumento exponencial que hay en denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco: en 2017 subieron a mil 500 contra el ámbito educativo, 246 en materia de salud y hay 547 ante la Fiscalía General que aún no se resuelven.

JJ/I