Justicia sin colores

La trama negra que se escribió en Veracruz parece no tener fin. A los capítulos de corrupción inimaginable durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se suma uno más que tiene que ver con desapariciones forzadas de personas como política de Estado.

Autoridades judiciales ordenaron esta semana procesar a 19 ex funcionarios, ex jefes policiacos y agentes involucrados con ese delito. En la audiencia en juzgados del Penal de Pacho Viejo, un juez determinó que había elementos suficientes para iniciar juicio contra los ex colaboradores del gobierno de Duarte de Ochoa (2010-2016) señalados de haber desaparecido a 15 personas.

La cadena de involucrados empieza desde altos mandos: están el ex secretario de Seguridad Púbica Arturo Bermúdez Zurita, el general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el ex comandante de la Fuerza Especial, José López Cervantes, y el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.

Además hay 15 agentes y ex agentes de Seguridad Pública estatal. Pero no son todos: la Fiscalía de Veracruz considera que hay 31 ex funcionarios, ex jefes policiales y ex agentes presuntamente vinculados con la desaparición forzada. La estructura de la ley y la justicia operando en un esquema de terror.

Según cifras oficiales, en los seis años que gobernó Duarte de Ochoa desaparecieron 2 mil 500 personas en 52 municipios y apenas hay abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición de 202 ciudadanos, presuntamente a manos de agentes del estado. Faltan todos los demás.

La fiscalía veracruzana detalla en su carpeta de investigación que la administración del ex gobernador, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, implementó una política oficial de desapariciones como parte de un supuesto combate al narcotráfico.

Las 15 desapariciones de las que se habló en la audiencia de Pacho Viejo fueron de personas detenidas en Xalapa por ser sospechosas de ser halcones del violento cártel de Los Zetas. Entre ellas estaban dos mujeres y dos niños.

Sin embargo, se dice que de manera muy callada la fiscalía veracruzana está armando un expediente de investigación que apunta a que esta política de desapariciones se aplicó también para deshacerse de adversarios incómodos.

En tiempos electorales, esto significaría un gancho al hígado para el partido al que perteneció el ex gobernador, el PRI, y que ahora arropa a José Antonio Meade Kuribreña como aspirante a la Presidencia de la República.

Esta investigación paralela es la que inquieta a aquéllos que buscan a sus seres queridos desde hace años porque temen que su dolor sea utilizado para servir a intereses políticos.

Lucía de los Ángeles Díaz, la vocera del Colectivo Solecito, lo dice muy claramente: hay 19 detenidos, pero eso es sólo un paso porque los desaparecidos siguen desaparecidos y, lo que es peor, hay casos recientes.

Lucía busca a su hijo desaparecido desde junio de 2013 y con firmeza señala que fueron los policías los que se dedicaron a desaparecer a la juventud en el estado.

Mientras el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirma que las 19 detenciones de ex mandos policiacos y ex agentes son parte de su compromiso de aplicar la justicia en la entidad, esta activista da otra lectura y habla de que sólo es un golpe mediático porque se abandonó la búsqueda de las víctimas.

El colectivo de Lucía de los Ángeles espera que las investigaciones escalen hasta llegar a Duarte de Ochoa y que también se le impute el delito de lesa humanidad por las desapariciones.

Pero ante todo, lo que exigen estas madres es saber dónde están sus hijos y que el caso de los desaparecidos no lleve ningún color.

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JJ/I