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Crucificándose
Empiezan las campañas
Hoy la cantidad de adolescentes que enfrentan señalamientos por algún delito y que están internados en instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) es casi 15 veces menor que hace cinco años. También disminuyó a la mitad la cantidad de jóvenes sentenciados a internamiento.
Ello no quiere decir que hayan dejado de tener participación en hechos ilícitos, pues la cifra de menores de edad puestos a disposición del Ministerio Público ha sido muy similar de 2013 a 2017, es decir, persisten deficiencias de prevención del delito, procuración e impartición de justicia para adolescentes.
Se les ha dejado de castigar, más bien, y se ha buscado aplicar diversas opciones para el desarrollo integral del adolescente de acuerdo con el marco legal vigente, según opina el especialista en derecho penal de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Axel Francisco Orozco Torres.
“Ya el personal de los juzgados tiene mayor conciencia en la aplicación de los principios y los objetivos que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) y que es una tendencia a la intervención mínima, es decir, que los que se consideran posibles responsables de una conducta delictiva se intente lo más posible que ya no sufran medidas de internamiento, sino buscar medidas alternativas para efectos de resolver el asunto y la aplicación, desde luego, de los derechos humanos”, planteó el investigador.
En las instalaciones del Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco (Cocydej) quedaban en internamiento preventivo 54 menores de edad o adultos jóvenes que durante su adolescencia estuvieron señalados como participantes en alguna conducta delictiva, según datos de la Fiscalía General hasta noviembre de 2017. Sus edades oscilaban entre los 14 y los 29 años.
Contrasta la cifra con el total de adolescentes que hubo en esas instalaciones durante 2013, cuando 761 internos vivieron en ellas debido a que se les vinculaba presuntamente con alguna conducta tipificada como delito.
El decremento de la cantidad de sentenciados con medidas de internamiento en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco (CAIJEJ), instalaciones para sentenciados, fue de la mitad con respecto a cinco años atrás, cuando hubo 187 internos, mientras que en 2017 fueron 91 jóvenes con edades de entre 16 y 24 años.
Entre las diversas medidas precautorias que el juez puede llegar a imponer a un adolescente está la libertad asistida, de la que reportó 49 casos el CAIJEJ en 2017 hasta noviembre; prestación de servicios a la comunidad, dos; 78 internamientos domiciliarios y ningún caso de estancia domiciliaria sin custodia, amonestación, órdenes de orientación y supervisión.
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN
Hay asuntos pendientes en la transformación del modelo penal para adolescentes en Jalisco, como adecuadas instalaciones para su resguardo durante el tiempo que se requiera en las cárceles municipales y en instituciones especiales para internamiento, políticas integrales de prevención del delito y la especialización de los operadores del sistema, entre otros, arguyó el doctor Orozco Torres.
“El primer contacto siempre es la Policía municipal o Policía preventiva y ahí desafortunadamente vemos que mientras ponen a disposición a los menores, se quedan en las celdas municipales, que éstas no tienen para nada los mínimos requeridos por derechos humanos para garantizar que los derechos de los retenidos o detenidos se estén respetando y entonces, si eso no ocurre con los adultos, mucho menos con los menores”, detalló.
El Cocydej y el CAIJEJ son los únicos dos centros de internamiento especializados para jóvenes en conflicto con la ley en todo Jalisco, de manera que si la autoridad judicial en algún municipio fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ordena una medida de ese tipo para algún joven, sería necesario enviarle a la ciudad.
Esta situación vulnera su derecho a estar cerca de sus familias, de acuerdo con la Observación General 14 a la Convención Sobre los Derechos del Niño con respecto al derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.
Si bien se redujeron las puestas a disposición ante el ministerio público de niños y adolescentes fuera del AMG, en 2017 todavía constituyeron 12 por ciento de los casos con 59 de 493 en todo el estado, reportó la Fiscalía Regional.
La proporción fue de más de una tercera parte en 2013, cuando hubo 247 puestas a disposición fuera del AMG contra 692 en total.
UNA DEFENSA PÚBLICA LIMITADA
La implementación de la LNSIJPA en Jalisco todavía está en proceso en el aspecto de defensoría pública: las instituciones tienen como plazo hasta antes del 18 de junio de 2019 para hacer todas las adecuaciones.
A la fecha sólo hay dos abogados dedicados a la defensa de oficio de adolescentes en conflicto con la ley penal en Jalisco, en la Dirección de la Defensa de Adolescentes, según datos de la Procuraduría Social del Estado (Prosoc).
Los dos abogados radicados en la misma cantidad de juzgados especializados en Zapopan atienden los casos rezagados del sistema de justicia tradicional mixto y los del sistema acusatorio adversarial y oral; hasta noviembre estaban capacitándose en el Diplomado de especialización para operadores del sistema integral de justicia penal para adolescentes, impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ).
Fuera del AMG, hay jueces para adolescentes en Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ocotlán y Lagos de Moreno, pero los 50 defensores públicos repartidos por los distritos judiciales de Jalisco no están especializados y atienden todo tipo de asuntos en el sistema mixto y en el sistema acusatorio.
Pese a que una de las características del sistema acusatorio y del sistema integral para adolescentes es la disposición para resolver los asuntos por mecanismos alternos de justicia, la Prosoc reportó que ningún proceso de justicia para adolescentes se resolvió por formas alternativas de justicia desde 2013; en el sistema tradicional y en el integral las partes decidieron continuar la forma judicial.
Sólo por delitos graves y durante el tiempo más corto posible pueden aplicarse a adolescentes mayores de 14 años medidas de internamiento, según el artículo 18 de la Constitución y la LNSIJPA.
Antes hubo adolescentes vinculados a secuestros en Cocydej, un total de 31 en 2013, pero las cantidades disminuyeron a seis en 2014, tres en 2015 y dos en 2016, cerrando 2017 con ninguno.
En el CAIJEJ todavía en 2017 había siete jóvenes sentenciados a internamiento por su participación en secuestros, misma cantidad que cinco años antes.
“El tema del secuestro, aunque no es una cifra elevada, sí son conductas en las que inclusive vemos abuso por parte de los adultos en contra de los menores que cometen la conducta ilegal porque el secuestro no es necesariamente promovido por los propios muchachos”, estableció Orozco Torres.
“Se convierten en cómplices, desde luego, pero son obligados a cometer el delito”, agregó refiriéndose también a la participación de los adolescentes en delitos contra la salud y narcomenudeo.
Por homicidio ingresaron 18 de quienes estaban internados en Cocydej en 2017 y 30 por algún tipo de robo; en el caso del CAIJEJ eran 36 por robo calificado y 37 por homicidios o parricidios consumados. Juan Levario
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“Ya el personal de los juzgados tiene mayor conciencia en la aplicación de los principios y los objetivos que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” Axel Francisco Orozco Torres, especialista en derecho penal
JJ/I