Software libre, ¿para qué?

Al momento de la redacción del presente artículo de opinión, un grupo de conductores de Uber se manifiesta a las afueras del Congreso de Jalisco; la razón, la muerte de uno de sus compañeros a manos de criminales.

De manera previsible, exigen que la empresa actúe para proteger sus intereses como empleados de una filial de la compañía estadounidense, pero lo que no han entendido es que para Uber no son trabajadores y, por lo tanto, no cuentan con las obligaciones contractuales que los esquemas laborales tradicionales poseen.

Todo esto viene a colación por una iniciativa presentada por los diputados Pedro Kumamoto, Alejandro Hermosillo y Augusto Valencia de nombre ley por la soberanía tecnológica y el desarrollo científico del estado de Jalisco. Día a día la tecnología está cambiando las reglas en todos los sectores: los trabajos, la salud, la economía, la cultura; sin embargo, la velocidad con la que estas transformaciones ocurren y el brillo de oropel con la que se presentan han logrado que la sociedad asuma con total indiferencia las implicaciones de estas transformaciones que crean efectos totalmente imprevistos, y que al momento de ser visibles sus consecuencias, son pocos los que entienden que la razón de dichos resultados se ubica en la introducción de las (ya no tan nuevas) tecnologías, como es en el caso de las modalidades contractuales de los socios de Uber.

La iniciativa que se presentó en los medios de comunicación como la promoción del software libre va en realidad mucho más allá, al crear el primer marco legal en México con la sencilla premisa de que la sociedad en su conjunto tiene derecho a analizar, discutir y delimitar los alcances de la tecnología en el estado.

Discurso vs. realidad

El gobierno de Jalisco nos presenta como la capital de la innovación; algunos otros nos afirman como el Silicon Valley mexicano, pero la realidad es que la razón por la que hemos sido codiciados por las grandes firmas de la industria electrónica es por las más de 200 mil personas (en su inmensa mayoría mujeres) que trabajan en plantas manufactureras de componentes tecnológicos; no es por nuestro talento o nuestra creatividad que tienen impresionados a las grandes firmas de la innovación internacional, sino por lo redituable que resulta maquilar en Jalisco por los bajos salarios y bajas prestaciones que le deben de conceder a sus trabajadores, así como por la nula política ambiental que no les impide realizar procedimientos con alarmantes costos ambientales (ver el río Santiago) que en otros países serían impensables.

Digámoslo sencillamente: el Área Metropolitana de Guadalajara posee una clase empresarial que apuesta a que la vocación productiva de la ciudad gire alrededor de las industrias creativas y tecnológicas, lo cual no tiene nada de malo per se, pero ¿no sería medianamente pertinente que esa decisión se tomara consultando las aspiraciones, deseos y objetivos de los ciudadanos, y que aquellos procesos de tecnologización de la vida pública fueran discutidos entre todos?

Pensemos en el gran proyecto que busca materializar el discurso del AMG como un Silicon Valley: Ciudad Creativa Digital, un proyecto cuyo único resultado tangible ha sido la de especular con el territorio del Centro Histórico, representa la apuesta para convertir a Guadalajara en una ciudad inteligente, ¿pero entendemos la apuesta ideológica que hay detrás de un gobierno inteligente? Discursos que hablan de la creación de gobiernos optimizados en la que los políticos dejen en las manos de algoritmos las decisiones técnicas de la administración pública.

Ante lo que estamos aquí es frente a la radicalización de la apuesta por desarticular al Estado como actor rector de la vida pública para pasar a la administración de particulares que, bajo el argumento de volver smart a las ciudades, desaparecen el elemento deliberativo, eje central de la democracia, para que reine el presumiblemente objetivo criterio de la tecnocracia digitalizada.

¿La sociedad tiene derecho a discutir y evaluar abiertamente las transformaciones tecnológicas que trae consigo el siglo 21? Muchos creemos que sí. Cada día se vuelve más urgente construir los mecanismos legales que permitan prever de manera anticipada las consecuencias de estos procesos.

Utilidad de la iniciativa

Hablar de la soberanía tecnológica es buscar construir una ley que parta de lo anterior, de que sea inalienable el derecho que tenemos todos de decidir el rumbo que llevará el estado en materia de ciencia y tecnología en el marco de lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial.

El uso por parte del estado de software y el hardware libre son componentes centrales en esta recuperación de la soberanía, ya que con estándares de acceso abierto nos permitiría entre todos conocer los alcances y usos que pudiera tener la tecnología pública. Sólo basta recordar la compra por parte de la Fiscalía del Estado de un equipo de espionaje masivo a la empresa italiana Hacking Team o el uso de drones por parte de distintas autoridades en materia de seguridad. ¿En qué punto es aceptable el uso de estas herramientas? De ser tecnología libre, podríamos discutir en conjunto ésta y otras preguntas.

Esto además implicaría la apuesta por el desarrollo local de pequeños y medianos empresarios, quienes se beneficiarían por la compra por parte de las autoridades de sus productos; para las pequeñas compañías de desarrollo tecnológico, apostar por construir empresas basadas en software libre resulta mucho más óptimo que crear productos con herramientas de licencia cerradas, además de que les permite verse favorecidos por las comunidades de desarrollo que generan esquemas de retroalimentación permanente.

Ejemplos

Ya algunos gobiernos empiezan a rescatar el paradigma de la soberanía tecnológica, como es el caso de la actual administración de Barcelona, que anunció recientemente un plan para la migración de todos sus sistemas de cómputo a sistemas de software libre; países como Ecuador, Brasil o China se han percatado que ante la cada vez mayor influencia de la infraestructura tecnológica en sus respectivos países, era un error geopolítico que todos sus equipos, diseños, cables, servidores y demás fueran propiedad de empresas privadas con sede en distintos países con marcos regulatorios ajenos a los intereses nacionales.

En Jalisco y México parecería que ni los arrebatos de un personaje como Donald Trump logran hacernos entender que apostar en la inversión extranjera, en particular en la estadounidense, como motor del desarrollo social y económico es una apuesta riesgosa a largo plazo. Necesitamos un plan de apoyo a nuestras industrias creativas nacionales que no sólo se piense en términos de rentabilidad empresarial, sino bajo las premisas de desarrollo y bienestar para quienes habitamos estas tierras; la ciencia y tecnología deben dejar de verse sólo como un tema colateral de la discusión pública para convertirse en una de nuestras prioridades como sociedad.

Propuesta

La iniciativa de ley que abarca este punto lleva por nombre ley por la soberanía tecnológica y el desarrollo científico del estado de Jalisco

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“El uso por parte del estado de software y el hardware libre son componentes centrales en esta recuperación de la soberanía, ya que con estándares de acceso abierto nos permitiría entre todos conocer los alcances y usos que pudiera tener la tecnología pública”

“¿La sociedad tiene derecho a discutir y evaluar abiertamente las transformaciones tecnológicas que trae consigo el siglo 21? Muchos creemos que sí”

Director del Órgano Técnico de Asuntos Metropolitanos del Congreso de Jalisco*

JJ/I