Informe y rendición de cuentas

La semana pasada fui invitado a participar en el ejercicio denominado Glosa Académica. Dicho ejercicio consiste en que los diputados del Congreso de Jalisco seleccionan a un conjunto de académicos para que comenten, desde su ámbito de especialidad, lo expuesto por el gobernador del estado en su informe anual.

En mi caso fui invitado, junto con otros especialistas, a comentar lo referente al capítulo de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, temas relacionados entre sí, pero que no son lo mismo.

Comenzaré por aclarar los términos: la transparencia se refiere a la posibilidad de que la ciudadanía pueda observar el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos. El acceso a la información, por su parte, implica que podamos conocer el resultado de dicha toma de decisiones, así como otros datos de contexto que resulten de nuestro interés. Finalmente, la rendición de cuentas es la explicación que dan las autoridades sobre los resultados que obtuvieron, y por qué obtuvieron esos resultados y no otros, con el fin de que la ciudadanía juzgue si las autoridades tomaron buenas decisiones o no, y qué procede hacer según el caso.

Es decir, si hay transparencia y acceso a la información, pero no hay rendición de cuentas, el resultado, en el peor de los casos es el cinismo. Si un funcionario público sabe que no es probable que sea sancionado a causa de su mal desempeño, puede quitarse de encima la exigencia de transparencia exhibiendo cínicamente los resultados de su gestión.

Esto último es lo que propicia que en sociedades como la nuestra, en la que el Estado constitucional y democrático de derecho no funciona, el aumento en la transparencia vaya acompañado de un aumento en la percepción de la corrupción por parte de la población. Entonces este problema no se resolverá con la opacidad, sino con mejores sistemas de sanciones que abatan la impunidad.

En ese sentido, vale la pena reconocer la disposición de nuestro actual gobernador para crear las condiciones que propiciaron la creación de uno de los sistemas anticorrupción más sólidos del país, gracias a la inclusión de actores sociales, académicos y empresariales en el diseño y puesta en marcha de dicho sistema, en vez de pretender que los actores políticos lo resolvieran todo a su gusto y capricho.

Ahora bien, esto hubiera funcionado aún mejor si, como lo señaló mi colega Roberto Arias, el gobernador y el Congreso hubieran deliberado con esos mismos actores para determinar cuál era el presupuesto más adecuado para garantizar que el Sistema Anticorrupción opere de manera óptima. El no haberlo hecho así habla muy mal de nuestras autoridades, y hace sospechar que fue la manera que encontraron de limitar la autonomía que el sistema opere con la autonomía requerida, porque como dice la sabiduría popular, el que paga manda.

Justamente de esta decisión de no incluir a la sociedad en el análisis y discusión del presupuesto para un proyecto público tan importante debería haber hablado el gobernador, si su informe fuera un ejercicio de rendición de cuentas, y no sólo un trámite que justifica la presentación de un discurso político, en el que se exponen los datos que aparentemente más benefician al propio mandatario.

Pero esto ocurre porque el propio Congreso no ha estipulado que el informe, y la glosa posterior, en la que comparecen los titulares de las dependencias del Ejecutivo debe servir para que la población tenga elementos de juicio sobre el desempeño de sus autoridades. Entiendo que esto que propongo puede resultar amenazante para nuestra clase política, pero necesitamos entrar en un proceso de mejora continua.

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@albayardo

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