Exigen cumplir recomendaciones

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobernador Aristóteles Sandoval cumplir la totalidad de los seis puntos de las dos recomendaciones que aceptó.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, envió este escrito el 13 de febrero directamente al mandatario estatal y envió copias al Congreso del Estado y al coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Rubén Pérez Sánchez.

“Me es grato remitirle una copia del apartado correspondiente a la entidad federativa que usted tiene a bien representar y dirigir. El objetivo es establecer un puente de comunicación y colaboración que dé lugar a buscar conjuntamente las mejores vías para dar la debida atención y cumplimiento satisfactorio a las recomendaciones emitidas”, apuntan en el escrito.

En este informe, Jalisco tuvo dos recomendaciones, 2013/67 (“sobre el caso de indebida procuración de justicia en agravio de V1, indígena nahua de la comunidad de Loma Colorada, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y su pareja V2”) y 2016/36 (“Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida”), de las cuales tiene pendientes seis puntos en trámite porque no se cumplieron totalmente.

En todos los casos se concluye que se aceptó la recomendación por parte del gobierno estatal, pero no hay pruebas de cumplimiento o sólo las hay de haberlo hecho de manera parcial sin poder garantizar que no se volverán a repetir estos hechos violatorios a los derechos humanos.

Esta relación de faltantes forma parte del Informe Anual de Actividades 2017 que se presentó ante el Congreso de la Unión con corte al 3 de enero.

“Le reitero el máximo interés de este organismo nacional para que las autoridades a su cargo den cumplimiento a la brevedad a los puntos recomendatorios pendientes”, señala González Pérez casi al despedirse y se pone a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Antes la CNDH advirtió que la recomendación es un instrumento que permite llamar la atención de las autoridades que hubieran incurrido en la violación a los derechos humanos con el objeto de conminarlos a cesar las acciones que estuvieran dando lugar a la misma y realizar lo necesario para restituir el ejercicio de sus derechos a las víctimas para repararles el daño.

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