Todo yo, todo yo

La publicación de la tercera parte del Informe sobre la Cuenta Pública 2016, más que descobijar, desnudó cómo se las gastan las dependencias públicas para el manejo del erario.

Los resultados que presentó la Auditoría Superior de la Federación esta vez hicieron más ruido porque en plena temporada electoral y con heridas a flor de piel por los sismos exhiben irregularidades en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que manejan programas insignias de la actual administración y, además, están directamente involucradas en la asistencia a damnificados.

De acuerdo con la fiscalización, en ambas dependencias se detectó el desvío de más de 2 mil millones de pesos a través de una red de empresas que no sólo no se dedicaban al giro por el que fueron contratadas, sino que no demostraron haber hecho los trabajos.

Juan Javier Pérez Saavedra, el auditor en funciones, habló claramente de simulación de operaciones que evidencia el desvío con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios.

El funcionario evidenció esquemas creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores elegidos por los mismos servidores públicos, es decir, que emiten facturas que amparan operaciones inexistentes.

Por si fuera poco, el modus operandi incluye contratar a otros entes públicos o universidades que a su vez subcontratan. ¿La oscura intención? Evitarse las licitaciones y, de paso, quedarse con una muy jugosa especie de comisión por la triangulación de los recursos.

Los daños al erario por el uso de este esquema ascienden a 7 mil millones de pesos, según la estimación ofrecida por el auditor en funciones.

Otra de las observaciones a la Sedesol se hizo en el Programa de Pensión para Adultos Mayores en el que no fueron localizadas 556 mil 548 personas y supuestamente se les entregaron recursos por 3 mil 110 millones de pesos; además 16 mil 997 beneficiarios que fueron dados de baja por haber fallecido de todos modos recibieron 65 millones de pesos.

En el caso de la Sedesol, las observaciones que está haciendo el órgano fiscalizador de la Federación se cometieron mientras Rosario Robles y José Antonio Meade pasaron por ahí; en el caso de la Sedatu, con la misma funcionaria al frente.

Lo que ella responde es que nada de lo que detectaron las auditorías y que se empeña en llamar irregularidad, no desvío, se refleja en sus finanzas personales. Argumenta que vive donde mismo, que no tiene departamento en Miami o ranchos y que no ha vivido a todo lujo en Canadá para regresar como plurinominal y que le esculquen porque nada se le va a encontrar.

Se defiende también enfatizando que el mecanismo de contratar a otros entes públicos y que éstos a su vez subcontraten es legal y que si hay riesgo en él en todo caso no le corresponde a ella legislar para modificar la ley que lo permite.

Rosario dice que da la cara y que ya veía venir el torbellino, pero se pregunta ¿por qué sólo la señalan a ella si hay muchas dependencias con observaciones? ¿Será porque todo esto ha pasado mientras sigue habiendo pobreza extrema y gente que perdió todo en huracanes o sismos mientras millones de pesos que podrían haberlos ayudado se evaporaban?

Si de algo le sirve, la revisión de la Cuenta Pública 2016 también apunta a Meade porque mientras estuvo en la Sedesol no se dio cuenta de lo que había ocurrido y cuando llegó a Hacienda ¡tampoco!

¿Adónde recurrir entonces? ¿Al Congreso de la Unión? Tal vez se podría esperar que hicieran lo propio de no ser porque también registró anomalías y opacidad en el uso de los recursos que los propios legisladores se asignaron en 2016.

Lo que leemos es, entonces, otro capítulo de corrupción e impunidad en el que de fondo están nuestros impuestos.

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