Moral, política y constitución

Una de las características más distintivas de la democracia es el disenso; sólo en regímenes autoritarios el consenso es buscado por cualquier medio. En una sociedad existe un sinnúmero de manifestaciones culturales y expresiones ideológicas que distinguen a las diferentes comunidades que la integran, cada una con valores y costumbre propios. Para lograr una convivencia justa y estable es necesario establecer algunos principios que todos estén comprometidos a respaldar: a esto es lo que John Rawls llama el consenso traslapado, que da origen a un documento constitutivo.

Como este acuerdo tiene que ver con la cosa pública se denomina constitución política, porque sienta las bases para la organización de dicha sociedad en el ámbito político. Claro que existen algunos miembros de esa sociedad que se mueven al margen de dichos arreglos para sacar ventajas o manifestar desacuerdo por medios violentos; éste es el caso de los delincuentes y los terroristas. Aunque muchos políticos y gobernantes también los hacen (por eso algunos de ellos están en la cárcel o andan a salto de mata).

Los arreglos políticos están plasmados en la constitución para regular la convivencia. El 5 de febrero conmemoramos el aniversario 101 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo de su existencia, nuestro documento magno ha sido reformado en casi 700 ocasiones, principalmente porque más ha servido para introducir los programas de gobierno de las administraciones en turno: con cada gobierno, la carta suprema se hace cada vez más voluminosa.

Por este motivo (y otros, claro) muchas voces de políticos, juristas, intelectuales y académicos en el país demandan que se construya en debate nacional para expedir una nueva constitución. Ante la falta de voluntad política para enfrascarse en un proyecto de una magnitud titánica y compleja, no ha prosperado dicha iniciativa, pero sigue presente en el ámbito político y académico.

La propuesta de redactar una constitución moral por parte del recién ungido candidato de la alianza Juntos Haremos Historia ha despertado otra vez la discusión para redactar un nuevo documento. Sin embargo, es importante anotar que política y moral son dos cosas completamente diferentes. La primera es una actividad pública prevista en un documento ad hoc y regulada en su actuación por principios éticos. La moral, por otro lado, es un comportamiento humano basado en la concepción de lo bueno y lo correcto; esto es, todas las personas poseen dos facultades morales: por un lado, la capacidad para alojar un sentido de justicia y otra para concebir el bien. Y estas concepciones no pueden estar sujetas a la regulación del Estado.

Cuando en México y los Estados Unidos aprobaron, por mandato de los supremos tribunales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, surgieron dos casos controversiales: a una pareja homosexual de Mexicali se le negó la licencia para contraer matrimonio (ver el documental Etiqueta no rigurosa), mientras que en Estados Unidos, Kim Davis, por objeción de conciencia, se negó a extender la licencia a una pareja. En una conversación con el ex tánaiste irlandés Eamon Gilmore, precursor del referéndum en su país para aprobar estos matrimonios, expresó que ellos solucionaron el problema sin castigar, por motivos de creencias personales, a quienes se negaban a extender dichas licencias: lo resolvió otro servidor púbico que no tuviera problemas de conciencia.

Un gobierno no puede decretar qué arte, ciencia o filosofía es correcta, como tampoco está entre sus atribuciones regular las creencias religiosas ni los valores morales de sus ciudadanos. Su labor es garantizar el cumplimiento de las garantías establecidas en la constitución para que todas las expresiones tengan la libertad de expresarse.

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