Poca acción contra la corrupción

Para los ciudadanos de a pie parece muy desconcertante y contradictorio constatar que el discurso anticorrupción crece y se multiplica, mientras que las acciones concretas y sobre todo el combate eficaz frente a casos y prácticas de corrupción arroja muy pobres resultados.

Ya quedaron instalados los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, institucionalmente se avanza, pero no se ve muy claro que se arranque con una política bien definida, programas coherentes y articulados, y una fuerte voluntad de atajar y prevenir este problema que ha crecido como la hiedra, casi sin darnos cuenta y ya nos rodea por todos lados.

Si bien es cierto que no podemos esperar resultados inmediatos, queda claro que un adecuado diseño institucional, leyes y reglamentos específicos, así como la observancia y la sanción a prácticas de corrupción pueden sentar buenas bases para que estos sistemas funcionen bien y que su acción eficaz –poco a poco– convenza a la sociedad de que vale la pena tenerlos.

Gobierno y sociedad debemos poner mucho de nuestra parte para ir desterrando prácticas cotidianas de corrupción desde la mordida al funcionario de ventanilla, la mochada para acelerar trámites o ganar licitaciones amañadas, hasta las asignaciones directas de obra, sin que medie concurso hasta el uso discrecional del presupuesto para favorecer a los amigos o a los compañeros de partido para ser más competitivos en campañas.

También la ineptitud, las omisiones o nombrar a los amigos incompetentes a cargo de instituciones públicas son formas recurrentes de corrupción, y aquí tanto peca el que acepta el cargo como quien lo pone a sabiendas de que no tiene conocimiento o experiencia para un desempeño adecuado, o precisamente porque necesita nombrar a alguien útil para canalizar discrecionalmente recursos a otras causas.

Es inconcebible que a estas alturas de nuestra joven democracia en Jalisco no haya la capacidad para abastecer medicamentos o prestar servicios médicos básicos a la población, y que más por la presión social se retire del cargo al doctor Cruces Mada, pero no se le obligue a dar cuentas de su gestión ni de su ineficiencia. No se le busque ni sancione y el gobierno del estado haga como que aquí no ha pasado nada... y que siga la fiesta. Al final de cuentas el último responsable es quien lo puso ahí.

A escala nacional tenemos dos casos de telenovela, el caso Odebrech y recientemente las acusaciones en contra de Rosario Robles. Así como en toda América Latina la constructora brasileña maiceó con sobornos a diestra y siniestra, mucho saliva se gastó en acusar a la empresa por los 10 millones que desvió a través de Emilio Lozoya, para el financiamiento de la campaña de Peña Nieto, quien primero terminará su periodo de gobierno antes de que se aclare ese asunto... sabe que no se sabrá nunca, a ciencia cierta, qué pasó ni adónde fue a parar ese dinero.

El caso más reciente es el de la ex perredista, que fue cooptada e incorporada al gabinete de gobierno y que a través de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, dejó ver la cara generosa del actual gobierno, repartiendo apoyos, financiamiento y recursos a quienes apoyan la continuidad de un régimen que sólo ha sangrado al país.

Cierto es que la corrupción no es el principal problema que sufrimos los mexicanos; sin lugar a duda la desigualdad económica y entre regiones, la inseguridad y la violencia, quizá deban ser prioridades en nuestra acción como gobierno y como sociedad, pero mientras la corrupción y la impunidad hagan mancuerna y se aprecien más los discursos que el apuntalamiento de las nuevas instituciones capaces de impulsar mejores programas y acciones eficaces contra la corrupción, nuestra batalla estará perdida.

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FV/I