Legisladores federales: más oscuros que claros

México continúa enfrentando una crisis de derechos humanos. Crisis que se agrava por el aumento de la violencia y los homicidios, advierte la organización Amnistía Internacional (AI) en su Informe 2017-2018. La situación de los derechos humanos en el mundo. El documento de 475 páginas, presentado la semana pasada, analiza cinco perspectivas regionales del planeta y revisa a 159 países y territorios.

Sin retomar todo el análisis que hace de México sino sólo una parte, desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué dice de lo realizado por Congreso de la Unión? La pregunta es pertinente dado que los ciudadanos estamos por elegir el 1 de julio a los próximos diputados federales y senadores, en un contexto precisamente de crisis de derechos humanos que tiene un ingrediente jurídico-legislativo.

También es pertinente retomar el informe porque continúan en sus curules diputados federales y senadores de la actual Legislatura, de los que AI revisa parte de su trabajo, y porque decenas de ellos buscan ahora ocupar otros cargos, incluidos en legislativos estatales o federales.

El informe de Amnistía Internacional señala que el año pasado se entregaron al Congreso proyectos de ley que, de aprobarse, “debilitarían las garantías de juicio justo y ampliarían el ámbito de aplicación de la prisión preventiva obligatoria, sin una evaluación judicial caso por caso”.

También apunta que el Congreso aprobó leyes largamente demoradas contra la tortura y otros malos tratos y contra las desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales, así como contra las desapariciones cometidas por agentes no estatales. Además se introdujeron reformas jurídicas que permitieron el uso del cannabis con fines médicos.

Otro aspecto que toca AI es que en diciembre el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permitía la permanencia prolongada de las Fuerzas Armadas en funciones propias de la policía sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas ni la supervisión civil. Dicha estrategia, advierte, se ha vinculado con el aumento de las violaciones de derechos humanos en México.

Añade que en junio entró en vigor una nueva ley contra la tortura, de aplicación nacional y que reemplazó la legislación estatal y federal vigente. Reconoce que las organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la nueva ley, por considerarla un avance que incorporaba las normas internacionales mejor que la legislación anterior.

Relata que en octubre el Congreso aprobó una ley general sobre desapariciones que definió el delito de desaparición de acuerdo con el derecho internacional y aportó herramientas para prevenirlo y juzgarlo. Estaba previsto que la aplicación de esa ley requiriera una asignación presupuestaria suficiente en los siguientes años. La aprobación de dicha ley por el Senado ocurrió tras la indignación nacional por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La ley podía suponer un paso adelante, aunque indica que su posterior implementación requeriría un compromiso político serio para garantizar la justicia, la verdad y la reparación.

Al respecto, ayer el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denunció que la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada “sin la participación de las familias y con serias deficiencias”. Las desapariciones forzadas prosiguen. La más reciente ocurrió en Jalisco cuando cuatro policías municipales de Tecalitlán desaparecieron a tres italianos.

Otra información relacionada con el trabajo de los legisladores federales en el informe de Amnistía es que en marzo la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado porque sólo protegía los derechos de las parejas de personas de sexos distintos.

El informe anual de AI muestra más oscuros que claros del trabajo de los diputados federales y senadores, desde la perspectiva de derechos humanos. El monitoreo permanente y análisis crítico de lo que aprueba el Congreso de la Unión es una tarea ineludible de ciudadanos, organismos y medios informativos. La partidocracia y sus miembros requieren vigilancia constante. Salvo excepciones, merecen total desconfianza.

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