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Por la ruta del caos

Otra vez los transportistas con el asunto de incrementar la tarifa. De nuevo, los usuarios sin transporte, 45 mil afectados por la suspensión total de dos rutas y parcial de 16. ¿No es hora ya de que se ataje el problema en serio y se trate de dar una solución de fondo, con efectos positivos de largo plazo para nuestra metrópoli? Creo que nos lo merecemos.

El punto de partida es que en los dos primeros meses del año la gasolina ha aumentado 10.9 por ciento y el diésel 9.9, y visto así parecería muy justo un incremento que compensara el alza en los combustibles, pero también se impone una mejora en la calidad del servicio.

Los transportistas exigen un aumento a 10 pesos, prestando el mismo servicio y con los mismos camiones. Una vez que consigan el aumento, pasarán dos años para que sustituyan las unidades viejas. Reclaman la liberación inmediata de los camiones encerrados en el corralón por no cumplir con las normas técnicas. Ellos quieren manejar el sistema de prepago y la concesión a los propietarios actuales una vez que el Sistecozome se finiquite. ¿Y su paleta, de qué la quieren?

Los transportistas apelan a que los ciudadanos debemos entender que si sube el combustible, lógicamente debería haber un incremento en las tarifas. Claro, pero si los usuarios no corroboramos que se mejoran las unidades, que el servicio es eficiente y digno, que las rutas se mejoran y conectan, y más bien constatamos que todo sigue igual, claro que no apoyaríamos ningún aumento.

Los ciudadanos y el gobierno ya somos testigos de que cada vez que se pide incremento, hay promesas de mejoras que nunca se cumplen, porque nunca se exige en serio ese conjunto de condiciones que harían del transporte público un servicio de calidad. Los transportistas recurren al paro como medida de presión que genera caos y para ellos es una condición de ventaja para forzar a una negociación temporal a su conveniencia, sin dar oportunidad para resolver el fondo del problema.

La parte gubernamental debe poner mucho más energía para dar una solución a un problema público en el que empresarios privados han impuesto sus condiciones. Para empezar no debería subsidiarse más este servicio y si el gobierno no es capaz de ofrecerlo, debería establecer condiciones claras de licitación, sea de la prestación del servicio, sea de compra de unidades adecuadas para que empresas serias presten un servicio de calidad que responda a las necesidades de los usuarios.

Para el gobierno debe quedar muy claro que no puede renunciar a su papel rector ante esta necesidad para que el transporte público y la movilidad en la zona metropolitana no se conviertan en problema reiterado, sino en condición de ventaja para los usuarios. El transporte público puede estar mucho mejor planeado, mejorar sus recorridos, su conectividad y hasta la calidad del servicio que pretende ofrecer. Eso tendría efectos positivos como desalentar el uso individual de automóviles para hacer recorridos más largos, en vías cada vez más saturadas y disminuir las emisiones contaminantes. En segundo lugar, si el gobierno ya tiene muy claro que para mejorar sustantivamente el transporte es necesario migrar al esquema ruta–empresa, pues me parece que ya se tardaron y deberían ponerlo en marcha, en lugar de gastarlo como recurso de amenaza a los concesionarios de siempre que se niegan a cambiar sus usos y costumbres.

No es un asunto sencillo a resolver. Pero es claro que el gobierno del estado debe asumir su papel regulador, establecer las condiciones con que debe operar el transporte público, ofrecer las concesiones a los particulares que quieran cumplirlas y retirarlas a quienes se nieguen a trabajar bajo nuevas condiciones de funcionamiento y a ofrecer un servicio de calidad. Se impone frenar la ruta del caos.

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FV/I