Víctimas y responsables de la crisis del transporte público

“En este asunto hay dos víctimas: los usuarios y los choferes. Y dos responsables del pésimo servicio del transporte público: la autoridad estatal y los dueños de los autobuses”. Este es el mejor resumen de lo que sucede con el transporte público, escrito en Twitter por el rector de la Univa, Francisco Ramírez.

Es muy fácil lograr consenso en el enojo hacia los transportistas. Se lo han ganado a pulso. Muchas de sus unidades están en pésimas condiciones y no han atendido las exigencias de lo que la autoridad ha llamado la “modernización” del transporte público. Además, la situación laboral de los conductores ha tenido leves o insignificantes cambios.

La autoridad, aprovechando ese fácil juicio al que someten los ciudadanos al transporte, le apuesta a colocarse del lado de las víctimas, acusando a los camioneros de chantaje y advirtiendo que no cederá.

El problema es que no necesitamos que la autoridad se esconda detrás de los ciudadanos y se sume a la defensa. Lo que se necesita es que actúe.

El reordenamiento del transporte público es uno de los principales compromisos asumidos por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz al llegar al cargo, igual que lo habían hecho sus antecesores, al menos en las tres administraciones previas. Le quedan apenas unos meses al frente del gobierno del estado, así que difícilmente podrá cumplir.

En los primeros meses del gobierno de Sandoval Díaz se comenzó a trabajar en el plan de reordenamiento del transporte público, para lo cual se recurrió a uno de los grandes expertos del tema, Mario Córdova España, nombrado titular del Instituto de Movilidad y Transporte.

Para el rediseño se desempolvó el viejo proyecto de las rutas troncales con rutas alimentadoras, se plantearon las propuestas de la ruta-empresa y el prepago, y se reformó la legislación local en la materia.

La planeación avanzó y empezaron a definirse las rutas. En la Zona Metropolitana de Guadalajara empezó la primera ruta-empresa, pero casi de inmediato comenzaron las quejas de los usuarios y de los mismos transportistas, porque dicen que no es un buen negocio. El resto de las rutas han caminado lentamente y se fijan plazos para ponerlas en marcha que, una y otra vez, se modifican.

Tampoco ha habido acuerdos sobre el sistema de prepago y la reposición de las unidades se ha topado con que los créditos con los que se apoyaría a los concesionarios no eran tan atractivos y la inversión que se requiere no sería financiable con las ganancias que deja la prestación del servicio.

A lo anterior se suman las denuncias de los transportistas de que en las convocatorias lanzadas se deja participar a quienes no tenían derecho, lo que hace sospechar de irregularidades.

Otro tema que afecta es la tarifa, que se había fijado en 7 pesos. Luego del accidente en la preparatoria 10, cuando en 2014 un camión embistió una parada y ocasionó la muerte a la joven Fernanda Vázquez el gobernador decidió bajarla a 6 pesos.

A pesar de lo anterior, paulatinamente y sin suficiente claridad, se fue determinando que algunas rutas habían cumplido con los requisitos que les marcaron, por lo que regresaron a los 7 pesos.

La cereza en el pastel ha sido el tema de los bienevales, pues transportistas denunciaron que circulan falsos y los usuarios aseguran que así los compran en los centros oficiales.

Además, los transportistas deben juntar varias centenas de boletos y deben dedicar prácticamente un día entero para hacer el trámite de cobro ante la empresa TISA, que les expide los cheques, si bien les va, una semana después.

Los transportistas señalan que TISA jinetea el dinero. El gobierno del estado, por su parte, ha ignorado estos señalamientos y mantiene la protección a la empresa.

En el centro del conflicto están los usuarios, que deben padecer un mal servicio y aceptar los aumentos que se han ido autorizando, y los choferes, con violaciones permanentes a sus derechos laborales.

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