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Manipulando las Afores
El voto despojando afores
El paro camionero de la semana pasada nos brinda una excelente oportunidad para discutir con seriedad la conveniencia del sistema de concesiones privadas y cuáles serían las alternativas viables. Existen modelos formales para evaluar el nivel de involucramiento del sector privado en los servicios públicos. Discutiré uno de ellos con el objetivo de aportar marcos de referencia para cuestionarnos si el modelo actual es el más adecuado para una zona metropolitana como Guadalajara.
En 2000, la profesora Rebecca Blank, de la Universidad de Wisconsin-Madison, publicó un modelo para ayudar a los gobernantes a decidir el nivel más conveniente de privatización de los servicios públicos. En su modelo, Blank propone la existencia de cuatro posibles combinaciones: modelo 1) propiedad y administración privada con regulación gubernamental; modelo 2) propiedad privada con (quizá) regulación gubernamental y financiamiento para subsidiar a los usuarios de bajos ingresos; modelo 3) propiedad gubernamental, pero con contratos con el sector privado para la administración y operación de los servicios; y modelo 4) propiedad y administración gubernamental.
Además, la profesora Blank propuso tres criterios para decidir cuál de las diferentes combinaciones es la más conveniente. El primer criterio es evaluar el nivel de las asimetrías de información entre los prestadores de los servicios y los usuarios –cuando existe poca información sobre la calidad de los servicios, la calidad tiende a bajar–. El segundo criterio son los posibles problemas de agencia de los usuarios –hay ocasiones en que los usuarios en realidad no tienen muchas opciones para elegir y se ven obligados a usar un servicio por default–. El tercer criterio son los problemas distributivos entre la población –hay ocasiones en que las personas no tienen los recursos económicos para acceder a los servicios a través del sector privado–.
Ahora bien, la metodología de la profesora Blank consiste en hacernos tres preguntas para determinar el nivel de involucramiento del sector privado en la provisión de los servicios públicos: 1) ¿qué tan graves son los problemas de información para garantizar la calidad de los servicios? 2) ¿Qué tan graves son los problemas de agencia de los usuarios? Y 3) ¿qué tan graves son los problemas distributivos entre la población para acceder a los servicios?
De acuerdo con Blank, si la calidad del servicio es observable, y si no hay problemas distributivos ni de agencia, entonces el modelo 1 es viable. Si la calidad del servicio es observable y no hay problemas de agencia, pero sí hay problemas distributivos, entonces el modelo 2 sería posible. Cuando la calidad de los servicios es observable, pero hay problemas tanto de agencia como distributivos, entonces el modelo 3 es el mejor. Finalmente, cuando existen problemas tanto de asimetrías de información, como de agencia y distributivos, entonces el modelo 4 es el más conveniente.
En el caso del servicio de transporte público de Guadalajara, hasta finales de los años 70 usábamos el modelo 4 –propiedad y administración gubernamental–. Sin embargo, la combinación entre el crecimiento poblacional y el déficit de las finanzas públicas durante los años 80 y 90 nos hizo transitar hacia lo que tenemos hoy, el modelo 2 –propiedad privada con regulación gubernamental y financiamiento para subsidiar a los usuarios de bajos ingresos–.
Debemos cuestionarnos si el modelo 2 es el más adecuado para una ciudad como Guadalajara. En realidad, no tengo una respuesta, pero hago un llamado a aprovechar la oportunidad que nos brinda la crisis del transporte público y el paro camionero para discutir el modelo actual con mayor profundidad.
Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID)
JJ/I