Patrimonialismo y corrupción

¿Por qué la actuación de la Comisión de Selección y la del Comité de Participación Social (CPS), que son parte del Sistema Anticorrupción de Jalisco, han generado tanta confianza? Me parece que eso se debe a la imparcialidad con la que han actuado, a partir de la elaboración de metodologías que permiten ponderar de la manera más objetiva posible la capacidad e idoneidad de las personas que aspiraban a ocupar un puesto en el mencionado Sistema Anticorrupción. Ése ha sido su gran mérito y aporte.

En contextos como el nuestro, la imparcialidad en la actuación pública se ve como un valor agregado, como algo que propicia mejores decisiones y mayor justicia en el trato entre los particulares y las autoridades. Y esto es así porque cada vez son más las personas que se sienten inconformes con el hecho de que no puedan acceder a algún beneficio o cargo público, pese a que tiene las cualidades o capacidades requeridas, sólo por el hecho de que ese beneficio o cargo se lo asignan a alguien que goza de la preferencia ilegítima de la autoridad responsable de su asignación.

Actuar con imparcialidad aumenta la legitimidad a las autoridades, por lo que es más probable que la población apruebe su desempeño. Claro que la imparcialidad no asegura que todas las decisiones que se tomen generarán resultados óptimos, pero por lo menos quedará claro que no se tratará de beneficiar indebidamente a algún sector de la población.

Ahora bien, la imparcialidad puede resultar del agrado de la población, pero disgusta a quienes ven los cargos públicos como su patrimonio personal. Es decir, quienes consideran que por lo difícil que les resultó obtener un cargo público, tienen derecho a usar las facultades y los recursos a su alcance para su propio beneficio, como si fueran de su propiedad exclusiva, y pueden experimentar como una invasión a su propiedad la exigencia de que actúen con imparcialidad. Lo mismo ocurre con quienes se consideran merecedores de los puestos, sólo por los favores que algún funcionario les debe.

Esto último podría explicar por qué hay personas carentes de buena fama pública que se han amparado en contra de la actuación del CPS, y podría ser que por eso estén tratando de obtener por medio de argumentos legaloides lo que no fueron capaces de conseguir por sus propios méritos.

Rothstein y Varraich ofrecen otros ejemplos de patrimonialismo en un libro recién publicado: los funcionarios son despedidos sin razón alguna; las órdenes más importantes se dan de manera oral; la frontera entre lo público y lo privado es borrosa; las compras y ventas de gobierno se basan en acuerdos verbales; las acciones y decisiones son arbitrarias, basadas en criterios subjetivos, y siguiendo procedimientos hechos a la medida de dicha subjetividad; y las reglas se aplican de manera sesgada, y dando a ciertas personas un trato preferencial.

Cualquier parecido con lo que aquí describo, con la forma en que actuaron los diputados de Jalisco que no tomaron en cuenta los resultados de la evaluación que realizó el CPS, al momento de elegir por quién votar para que ocupara la magistratura anticorrupción vacante en nuestro estado, es algo de lo que hay que pedirles cuentas a los líderes de las bancadas respectivas. Pidámosles que nos expliquen los criterios en los que basaron su decisión, y valoremos si eran los adecuados o no. Y si sus criterios no fueron pertinentes, o se niegan a decirnos cuáles fueron, castiguemos a los responsables en las urnas.

Y exijamos que se designe a una mujer a cargo de la magistratura anticorrupción vacante antes de que culmine el proceso electoral.

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@albayardo

JJ/I