La bonanza y sus cajas negras

En los últimos años se han aprobado una serie de reformas para garantizar el buen uso de los recursos públicos y evitar la corrupción. Los cambios apuntan a fortalecer la planeación, el ejercicio correcto del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, siguen registrándose inconsistencias, discrecionalidad y desvíos.

Recientemente la organización ciudadana México Evalúa dio a conocer los resultados de su estudio Arquitectura del Ramo 23, la caja negra, con el que se dio cuenta de una práctica común: el gobierno federal define cada año un presupuesto por debajo de lo que realmente gastará.

La diferencia entre presupuesto y gasto no es mínima, pues según ese estudio, durante lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2017, ha habido un sobrejercicio de 1.46 billones de pesos. De esos recursos, 7 mil 517 millones de pesos se enviaron a Jalisco de manera adicional a lo previsto.

Trasladando el mismo ejercicio al estado, nos encontramos que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz también ha dispuesto de una bolsa millonaria adicional a la que le ha aprobado cada año el Congreso del Estado. De 2013 a 2017, la diferencia entre presupuesto y gasto en la entidad es de 64 mil millones de pesos.

La llegada adicional de recursos podría considerarse una buena noticia si hubiera claridad sobre el destino que se dio a ese dinero. Sin embargo, la autoridad nunca ha dado a conocer la bonanza de la que se ha beneficiado y mucho menos el destino que se dio a los recursos. En cambio, se habla constantemente de dificultades económicas y recortes.

En las conclusiones que emite México Evalúa sobre el gasto nacional destaca que el gasto de los excedentes no pasó por la aprobación del Congreso de la Unión. Lo delicado de este punto, señala, es que no se cumple con un requisito democrático que tiene relación con la participación de dos poderes.

Lo mismo sucede en Jalisco, pues el gasto adicional no ha sido aprobado por el Congreso del Estado.

Además de lo anterior, la legislación en materia de presupuesto prevé que los recursos se asignen basados en los instrumentos de planeación; en el caso de Jalisco, principalmente, el Plan Estatal de Desarrollo. El sentido de esta disposición es que el dinero se use para cumplir con metas específicas y no basado en ocurrencias.

En los instrumentos de planeación se definen también cuáles son las prioridades a atender y las estrategias y compromisos que se asumen. En el caso de los excedentes, es claro que no se atienden, pues el gobierno del estado ha dedicado la mayor parte de los recursos al capítulo de Servicios Personales, es decir, salarios y prestaciones para los funcionarios públicos.

Lo anterior, sin contar que al no pasar por el Congreso, el gasto se da con total discrecionalidad.

Por otra parte, al tratarse de recursos que no están en el presupuesto, tampoco se transparenta su destino detallado ni las razones por las que se les dio ese uso. Es posible que una parte, al tratarse de recursos federales, lleguen ya etiquetados; sin embargo, no pueden precisarse montos.

Todo esto implica que, en caso de surgir otra necesidad más importante, tampoco se pueden redireccionar.

Finalmente, el último paso que tampoco se está cubriendo es el de la rendición de cuentas, pues el gobierno de Jalisco está entre las 10 entidades que tiene más recursos pendientes de aclarar, según los informes de la Auditoría Superior de la Federación.

Le quedan apenas algunos meses al gobierno de Aristóteles Sandoval, en los cuales tendrá que esforzarse en solventar y aclarar. Esto si no quiere ser de los gobernadores que se van por la puerta de atrás.

[email protected]

JJ/I