Urgen a proteger a universitarios

Representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), un colectivo de comunidades universitarias y de la sociedad civil organizada presentaron la recomendación general #QueremosPaz sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las comunidades estudiantiles de Jalisco.

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, destacó que el motivo de la recomendación general fue porque el organismo no ha advertido una puesta en marcha de acciones eficaces y coordinadas entre las dependencias del gobierno del estado ni de los Municipios.

La defensoría pública enfatizó en las dependencias de seguridad, “ya que no tienen mecanismos efectivos de seguimiento y análisis de medidas para prevenir la comisión, dando como resultado espacios de abandono e impunidad”.

En específico, Hernández Barrón refirió que la falta de coordinación entre las autoridades de seguridad pública para la prevención del delito y violación de derechos humanos de la población estudiantil.

Por ello, sentenció, “constituye un compromiso inconcluso que propicia riesgos y agresiones hacia ese grupo vulnerable durante su tránsito hacia sus centros escolares y a sus hogares”, como fue caso de Francisco Álvarez Quezada, joven asesinado en agosto, y recientemente la estudiante de derecho Karina Monserrat González, también víctima de homicidio.

Estado fallido

El presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, describió que un estado fallido “es aquel que se acostumbra a que matan a sus ciudadanos en absoluta impunidad (…) el que se acostumbra a la violencia que se ejerce todos los días contra sus jóvenes (…) el que ve cómo asesinan a sus mujeres y no reacciona”.

Enfatizó que un estado fallido también es aquel “que permite que la vida de un estudiante vale lo que cuesta un teléfono celular. Ése que permite que desaparezcan miles de ciudadanos y ni siquiera tiene la capacidad de abrir una investigación consistente”.

Dolores Pérez Lazcarro, portavoz del colectivo C-Paz, exigió que quienes gobiernan “tengan claridad absoluta de las políticas públicas que se deben implementar para que nos desplacemos, convivamos y vivamos en espacios tranquilos”.

Agregó que los gobernantes deben “garantizar la convivencia pacífica entre ciudadanos, preservar el derecho fundamental a la vida y la integridad personal son responsabilidades del estado; estamos aquí pidiendo que hagan su trabajo”.

Por su parte, Diana Salinas Díaz, de la CEDHJ, destacó que la macrorrecomendación incluye la perspectiva de género. Destacó que la violencia de género se caracteriza por la subordinación de las mujeres por hombres que siguen pautas tradicionales de la convivencia con el sexo femenino y que se expresa con violencia familiar.

La recomendación integra las 81 propuestas, más de 120 acciones específicas y 17 peticiones dirigidas a diferentes autoridades, universidades y organismos empresariales coordinados en 10 mesas de trabajo con puntos de vista de académicos, estudiantes y organismos de la sociedad civil.

Ayer por la mañana se notificó de la recomendación al gobierno estatal, al Congreso local, a la Fiscalía General, al presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al coordinador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, al fiscal especializado en Combate a la Corrupción, al Instituto Metropolitano de Planeación y a los alcaldes de El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan.

A detalle

Algunas recomendaciones

•  Fortalecer coordinación para combatir la inseguridad
•  Generación de espacios públicos amigables, modificar condiciones que influyen en la delincuencia, mejor diseño de estrategias en cada barrio y gestión más cercana de los policías
•  Agilizar el proyecto de videovigilancia Escudo Urbano C5 y que se incorporen a su cobertura espacios cercanos a preparatorias y centros universitarios, además de instalar botones de pánico
•  Coordinación entre estado y Municipios para reforzar programas destinados a inhibir la exclusión social, violencia intrafamiliar, indigencia, suicidios y discriminación contra la mujer
•  Coordinación entre estado y Municipios con universidades, cámaras empresariales y sociedad civil para realizar foros, seminarios y congresos sobre prevención del delito
•  Identificar disposiciones jurídicas que atentan contra la dignidad humana de los policías
•  Elaborar diagnóstico sobre la corrupción y su relación con la inseguridad y la violencia
•  Poner en marcha plan te movilidad segura para estudiantes
•  Valorar la creación de una fiscalía especializada en atención de delitos en contra de  la comunidad estudiantil

La aceptan

El gobierno de Jalisco aceptó la recomendación que hizo ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) respecto a la seguridad ciudadana. La Secretaría General de Gobierno (SGG) será la que dé continuidad a la misma.

A través de sus redes sociales, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz respondió que había instruido a la SGG a dar seguimiento a los trabajos de todas las dependencias y a reportar los avances que se vayan teniendo en la materia.

“Hace unos días, hacía un llamado a la sociedad civil a estar unidos para superar la violencia que vive el estado. Reconozco el trabajo de todos los involucrados en generar estas recomendaciones, sin duda contribuirán a fomentar una cultura de la paz en el estado”.

Por su parte, Roberto López Lara, titular de la SGG, aseguró que se dará “seguimiento a los trabajos de las dependencias a quienes la CEDHJ dirige la macrorrecomendación sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos de las comunidades estudiantiles de Jalisco”.

Anoche, a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Zapopan también informó que aceptó la macrorrecomendación. Redacción

Necesarios, mecanismos de participación: especialista

La vigilancia de la sociedad civil organizada será fundamental para que avance la recomendación general de derechos humanos en materia de seguridad.

Un precedente a evitar es el del enorme rezago de la macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) de 2009 respecto al río Santiago, y para ello se requieren mecanismos de participación, urgió Dolores Pérez Lazcarro, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

“Debe quedar claro que necesitamos como ciudadanas y ciudadanos ejercer nuestros derechos que también nos implican obligaciones, cuando volteo y veo esta recomendación general, finalmente si no estamos allí la sociedad civil organizada para impulsar, para exigir que realmente se cumpla desde esta visión lo que el estado tiene como una obligación, eso no está a discusión, va a ser muy difícil que se cambie la forma en que se está abordando la inseguridad en la que vivimos”.

Como coordinadora de la asociación Portavoces de Paz, Pérez Lazcarro explicó que el 17 de diciembre de 2017 varias organizaciones presentaron una queja ante la CEDHJ por la violación del derecho a la paz, documentada con datos públicos; trabajaron con el organismo para presentar una recomendación que pidiera garantizar ese derecho, pero muchos de los planteamientos se orientaron a la comunidad estudiantil.

“Si quieres realmente paz, hay que prepararse para la paz, es decir, no violencia contra más violencia, qué habilidades e inteligencias hay que desarrollar más allá de las armas solamente, es una cuestión de voluntades políticas, de formación y capacitación de los cuerpos de seguridad para ver realmente la posibilidad de transitar hacia el concepto de seguridad ciudadana y de seguridad humana”.

JJ/I