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Crucificándose
Empiezan las campañas
Esta semana el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) puso en marcha una campaña para que los cuerpos legislativos de todo el país lleven a cabo los nombramientos que aún están pendientes, y que de un modo u otro impiden que el sistema funcione a su máxima capacidad.
Dicha campaña se resume en dos etiquetas: #NombrenYa y #NombrenBien, y apela a los principios del Parlamento Abierto, que supuestamente nuestro país se comprometió a impulsar, entre los cuales se encuentran la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el ejercicio legislativo.
Sumarnos a la exigencia de nombrar ya y nombrar bien es una buena manera de ayudar a superar el sistema de patronazgo, el cual suele estar relacionado con la corrupción, pues es usual que quienes tienen el poder de decisión patrocinen el nombramiento de personas de su confianza en los puestos públicos que tienen valor estratégico. Esto en sí no necesariamente es corrupción, pero puede propiciarla cuando a cambio del puesto se exige lealtad y protección, lo que en este caso implicaría un claro conflicto de interés.
#NombrenYa es una respuesta a la indolencia en la que han incurrido tanto el Congreso de la Unión como varios Congresos estatales, incluyendo el de Jalisco, pues han postergado indebida e injustificadamente la designación de personas que deberán ocupar cargos dentro del Sistema Anticorrupción.
En el ámbito federal aún quedan por nombrar las personas que se harán cargo de los siguientes puestos: las 18 magistraturas especializadas en cuestiones administrativas, coloquialmente conocidas como magistraturas anticorrupción, la fiscalía anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de Jalisco aún está pendiente la designación de la mujer que debe hacerse cargo de la magistratura anticorrupción vacante, pese a que en la pasada convocatoria emitida para ese puesto participaron varias mujeres muy preparadas y capaces para ocupar dicho puesto, pero de acuerdo con versiones periodísticas, las bancadas del PRI y el PAN prefirieron votar por un hombre menos calificado para ese puesto, obligando a declarar desierta la convocatoria.
Por cierto, afirmo que debería ser una mujer quien ocupe esa magistratura, porque de acuerdo con el Consenso de Quito, que es el documento conclusivo de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en agosto de 2007, el Estado mexicano asumió soberanamente varios compromisos, entre ellos el de adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas.
Debido a ese compromiso soberano, de hecho, habría que abrir el espacio para que sean mujeres quienes ocupen por lo menos la mitad de los puestos vacantes tanto en el sistema nacional como en los sistemas locales anticorrupción. Ése sería uno de los requisitos para que quienes nos representan #NombrenBien. Otros requisitos serían que las convocatorias se hicieran de manera que garantizaran la imparcialidad en el nombramiento, y que este se lleve a cabo a partir de criterios de aptitud e idoneidad para el puesto.
Es decir, de nada sirve que se lleven a cabo procedimientos apresurados, sólo para cumplir, si no se designa a las personas adecuadas para cada puesto, pero tampoco nos sirve un buen nombramiento que se pospone por varios meses o años, retrasando la puesta en marcha de los mecanismos de control de la corrupción.
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@albayardo
JJ/I