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A seis meses del 19S, decenas de personas siguen en la calle

(Foto: AP)

Bajo un albergue variopinto con lonas encimadas y anuncios de vinil adaptados, decenas de habitantes del número 18 en la calle Independencia se apeñuscan en la calle bajo tiendas de campaña donadas cerca del edificio, el cual resultó dañado en el terremoto del 19 de septiembre.

Seis meses después del movimiento telúrico, campamentos improvisados como este erigidos por residentes desplazados son algunos de los indicios más visibles de que no todo el mundo ha logrado dejar atrás el terremoto de 2017 que provocó la muerte de 228 personas en la Ciudad de México y de 141 en otras partes del país.

Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, quien encabeza la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México, informó que hay 27 de esos campamentos en diversas partes de la capital, pero negó que la gente los esté habitando. Más bien, dijo, las víctimas del sismo sólo han colocado guardias para que vigilen sus bienes.

Sin embargo, los campamentos visitados por periodistas The Associated Press ofrecen una realidad distinta.

María Patricia Rodríguez González ha estado viviendo en la acera debajo de lonas de plástico cerca del edificio de la calle Independencia con su hijo de 13 años y su hija de 27 durante los últimos seis meses.

A los habitantes se les permite ingresar al edificio, pero nadie se arriesga a quedarse allí.

El piso de la recámara en el apartamento de Rodríguez se ha hundido desde el terremoto. El techo se ha combado y el yeso se ha desprendido de los muros. Temerosa de utilizar el baño allí, calienta el agua en una hornilla de gas bajo las lonas y utiliza una especie de baño dentro de un retrete portátil en la acera.

En un principio, dicen Rodríguez y otros habitantes, hubo mucha solidaridad en el barrio. Algunos vecinos les permitían utilizar sus baños y compartían comida con ellos tras el terremoto de magnitud 7.1. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, los sentimientos cambiaron.

La gente se ha robado los tanques de gas que ellos utilizan para calentar su comida. En ocasiones algunos automóviles han estado a punto de arrollar el campamento. Algunos vecinos ya no les dirigen la palabra, y otros los insultan.

“Nos da tristeza que la gente nos insulta sin saber la realidad que vivimos”, afirmó Rodríguez. “No estamos por gusto, estamos por necesidad”.

El gobierno le dio a los residentes desplazados tres mil pesos cada mes durante los primeros tres meses, con la idea de que rentarían apartamentos en otra parte. Pero los habitantes dicen que eso era insuficiente para rentar apartamentos en su barrio y temen que, si ellos no están, los saqueadores se llevarán sus bienes. Muchos habitantes residían en las 37 unidades del edificio desde hace más de 30 años.

Rodríguez trata de obtener algunos ingresos con la venta de dulces en una mesa a la entrada de su campamento. Desde antes del terremoto ya vendía dulces en su apartamento en la planta baja. Otros se van a empleos durante el día, mientras que algunas de las mujeres de mayor edad en el edificio supervisan a los niños pequeños de otras.

Casi todo el mundo tiene un resfriado, y en especial los niños suelen enfrentar gripes, señaló Emma Álvarez López, una de las residentes que ayuda a cuidar a los niños. Su propia nieta tuvo que dejar el campamento tras contraer neumonía.

Por ahora aguardan un veredicto oficial de la ciudad acerca de su edificio. La mayoría cree que tendrá que ser demolido.

 

GE