El INE y el TEPJF en sus laberintos

El principal motivo que justifica la existencia del Instituto Nacional Electoral (INE) es que lleve a buen puerto los procesos electorales. Y enseguida, habría que señalar que a excepción de las elecciones presidenciales del año 2000, en todos los demás, desde su fundación el 11 de octubre de 1990 como Instituto Federal Electoral (IFE) hasta el día de hoy, ya bautizado desde 2014 como INE, el instituto ha quedado a deber a los mexicanos respecto a la limpieza y credibilidad de los comicios realizados. Ni en las cuestionadas elecciones de 2006, cuyo resultado ha quedado marcado por la creencia de un fraude electoral, alimentado en gran parte por la obstinada oposición de aquellos consejeros electorales para proceder a la demanda de contar todos los votos y la validación del proceso que los entonces magistrados del tribunal electoral plasmaron en un documento vergonzoso. De igual manera, en las elecciones de 2012, correspondería a los nuevos consejeros hacer caso omiso al caso Monex y validar un proceso fincado en un gigantesco operativo de compra de votos. En ambos casos, los consejeros del INE traicionaron su compromiso de velar y garantizar que los procesos electorales se desarrollaran ajustados a los principios rectores de “legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia”.

En las elecciones presidenciales de este 2018, la capacidad del INE para cumplir su cometido no sólo no se ha fortalecido, sino que una serie de desaciertos han puesto en evidencia su extrema fragilidad como organismo garante de que la renovación del Poder Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres y auténticas, como lo mandata el artículo 41 constitucional. En los hechos, las continuas desavenencias y contradicciones entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo han convertido en una ventanilla para el recibo de quejas e inconformidades que, invariablemente, son resueltas por el tribunal. Así sucedió cuando el INE decretó la prohibición de debates entre candidatos durante el período de intercampañas y el tribunal se apresuró a enmendarle la página y permitir los debates.

Pero ha sido el escándalo de los candidatos independientes el asunto que ha puesto sobre la mesa su supuesta independencia y su ya de por sí cuestionada credibilidad. Lo cierto es que desde un principio el procedimiento que el INE instrumentó para abordar el asunto de las candidaturas independientes fue objeto de severos señalamientos por las dificultades técnicas para llevar a cabo la recolección de apoyos de la ciudadanía. Sin embargo, fue el informe final de INE sobre la validación de las firmas recolectadas lo que provocó que el escándalo estallara. En su resolución final el INE documentaba que, con excepción de María de Jesús Patricio, Marichuy, la candidata del Concejo Nacional Indígena (CNI) que aunque solamente consiguió recabar 281 mil 955 firmas, 94.5 por ciento pasaron el filtro de validación, en todos los demás aspirantes las inconsistencias detectadas fueron escandalosas: Margarita Zavala con 45 por ciento de firmas no válidas, Jaime Rodríguez El Bronco 59, y Armando Ríos Piter, El Jaguar, la friolera de 86. La deplorable paradoja para la democracia es que la única independiente auténtica, cuyo proceso de acopio se apegó estrictamente a la legalidad, quedará fuera de la boleta electoral, mientras que la consorte de Calderón con más de 200 mil firmas ilegales podrá aspirar a la Presidencia. Otra perla de nuestra lamentable simulación democrática.

La postura que asuma el TEPJF frente al problema será un indicador valioso para conocer el talante con el que afrontará los que aparecerán en la que se antoja como una conflictiva contienda electoral. Si atenderá los principios de “legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia”, o, por el contrario, dejará sin castigo a los infractores y avalará las acciones extralegales de los candidatos supuestamente independientes. Veremos.

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