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La corrupción institucional

De las diversas formas de corrupción que existen, tal vez la más dañina es aquella que está incrustada dentro de las propias instituciones. Esta situación se da, de acuerdo con Lawrence Lessig, cuando existe una influencia sistémica y estratégica que es legal, e incluso ética, que socava la efectividad de la institución al desviarla de su propósito o que debilita su capacidad para lograrlo, incluyendo, en la medida que sea relevante para su objetivo, disminuir la confianza del público en esa institución o la confiabilidad inherente a la institución.

Un reciente ejemplo de esto es el hecho de que una comisionada en funciones en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente, fue incluida en la lista del PRI de aspirantes a una diputación plurinominal federal. Lo grave de esto es que el Inai es la organización encargada de garantizar nuestro derecho a saber qué hace nuestro gobierno con los recursos que hemos puesto a su disposición, y la comisionada Puente votó a favor de mantener en secreto la información sobre la compra por parte de Pemex de una planta que era chatarra en 60 por ciento, siendo director de la paraestatal Emilio Lozoya, sobre quien pesan sospechas de corrupción.

La misma comisionada Puente votó en favor de la Presidencia de la República, para que se mantuvieran cerradas las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la flota presidencial, cuando se sospechaba que estaban siendo utilizados para asuntos de interés particular de los colaboradores de Peña Nieto, y no para el servicio público.

Si bien Ximena Puente presentó su renuncia, adelantándose una semana al fin de su nombramiento como comisionada, el hecho es que ya sembró la duda sobre la imparcialidad de la actuación del Inai, dado que ella lo presidió de mayo de 2014 a mayo de 2017. Y esto ha provocado un grave daño a la credibilidad del instituto, pues ahora las resoluciones que tome de aquí en adelante se verán bajo sospecha, pese a que no es ilegal la inclusión de la comisionada Puente en una lista de aspirantes a un puesto de elección popular, puesto que la ley no lo prohíbe.

Pero pese al hecho de que no sea ilegal que se postule a una candidatura, la inmediatez de su postulación hace pensar que es un pago de favores por parte del PRI, o por lo menos de la Presidencia de la República. Puede ser, o puede no ser, pero el hecho es que se ha provocado un grave daño a una organización que tiene un papel fundamental en el control de la corrupción, pues ahora el público abrigará serias dudas sobre la imparcialidad de su actuación.

Ahora bien, este caso nos permite ver que la corrupción institucional no necesariamente está ligada con sobornos monetarios, sino que puede ser el fruto de diversos conflictos de interés, de diversos tipos, incluso ligados a las creencias religiosas de los funcionarios. Un ejemplo de ello es el hecho de que en un país como el nuestro, en el que la religión católica es mayoritaria, apenas en este año se haya detenido y juzgado a dos sacerdotes que fueron acusados de pederastia, pese a la enorme cantidad de casos que han sido denunciados.

En el caso de los sacerdotes pederastas, la corrupción institucional se ha dado tanto en el ámbito público como en el religioso, pues se ha hecho uso de recursos destinados a otros fines para poder garantizar la impunidad de quienes han cometido abusos sexuales contra menores de edad, así como para proteger a quienes les han solapado a lo largo de décadas.

protagoras_xxi@yahoo.com.mx

@albayardo

JJ/I