Sufren más delitos pese a intervención

Sin solución. La presencia de la Policía estatal en los municipios intervenidos no ha sido suficiente para combatir al crimen. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

La depuración de 14 comisarías municipales en Jalisco por el gobierno estatal, presumiblemente infiltradas por el narcotráfico, no ha contenido la delincuencia creciente en sus territorios.

Parcial o totalmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) desarmó 12 corporaciones policiales entre diciembre de 2014 y mayo de 2017, y los incrementos de las tasas delictivas en los respectivos municipios fueron de hasta del doble; sólo en tres de esos territorios hubo una reducción de entre 3 y 37 por ciento.

Tampoco mejoraron significativamente las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública en la mayoría de esos municipios, desde el aspecto salarial hasta los turnos de guardia, y hubo casos en que tomó hasta 14 meses resolver la contratación y habilitación de la misma cantidad de agentes activos antes de la depuración.

Las investigaciones que llevaron al desarme de cada una de las Policías municipales involucraron delitos desde robo y homicidio hasta desaparición de personas, pero en todos los casos existió la presunción de que la delincuencia organizada pudiera haber corrompido a los miembros o a las estructuras de las corporaciones.

Hubo ejercicio de acción penal contra miembros de cuatro de las 14 comisarías municipales intervenidas; en las otras 10 no existieron elementos legales para consignar a los agentes o no se configuró algún delito; sin embargo, hubo bajas en todas las corporaciones por evaluaciones insatisfactorias de control de confianza o por procesos administrativos.

Los últimos dos municipios cuyos elementos de seguridad pública fueron desarmados –Tecalitlán, el 16 de febrero, y San Pedro Tlaquepaque, el 11 de marzo– no tienen aún estadísticas oficiales de incidencia delictiva posteriores a esas fechas.

Corresponden a territorios con menos de 30 mil habitantes ocho de las 12 primeras corporaciones policiales intervenidas, pero la tasa delictiva en dos alcanzó en 2017 niveles similares a los de algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con más de 120 delitos por cada 10 mil habitantes.

Resultados

Agentes de la Fuerza Única Regional (FUR) sustituyeron a 173 elementos de seguridad pública durante los seis meses previos a las elecciones del 7 de junio de 2015 en Cocula y Casimiro Castillo, intervenidos el 8 de diciembre de 2014; Villa Purificación y Unión de Tula, el 15 de mayo de 2015, y Jilotlán de los Dolores y Pihuamo, el 1 de junio.

Sólo 48 de los 173 agentes volvieron a sus puestos después de graduarse en la academia estatal de policía el 10 de octubre de 2015.

La tasa de delitos creció en cinco de esos primeros seis municipios; Casimiro Castillo fue el único de esos territorios en que disminuyó la cantidad de actos reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De Cocula fueron consignados ante autoridades judiciales dos elementos que se desempeñaban como comandantes, señalados por delitos de peculado y delincuencia organizada; la FGE argumentó que colaboraban con el Cártel Jalisco Nueva Generación proveyéndole información de las actividades de seguridad pública en la región a cambio de una compensación monetaria.

Había en la nómina municipal 38 elementos de seguridad pública en Cocula hasta el 30 de noviembre de 2014 y percibían sueldos mínimos de 3 mil 363 pesos quincenales brutos; en la nómina del 30 de noviembre de 2015 sólo figuraban 17 agentes con sueldos de 3 mil 531 pesos quincenales.

Al 28 de febrero de 2018 permanecían en Cocula como policías sólo cinco de los que se desempeñaban como tales el día de la intervención, más dos que se reubicaron en el departamento de Tránsito municipal; los policías tenían un sueldo de 4 mil 145 pesos.

La tasa por cada 10 mil habitantes en Cocula fue de 139 delitos en 2017, un incremento de 5.23 por ciento con respecto a la de 132 reportada en 2015.

Villa Purificación tuvo sólo siete policías probos en las evaluaciones y no fue sino hasta el 7 de octubre de 2016 que la corporación volvió a funcionar con la cantidad de 22 elementos que tenía en el momento de la intervención.

El sueldo del policía de menor rango de ese municipio al 15 de marzo de 2015 era de 2 mil 792 pesos quincenales y de 4 mil 137 pesos al 31 de enero de 2018, pero ya para esa quincena sólo había 16 elementos en nómina.

Los incrementos de tasas delictivas fueron de 5.79 por ciento en Villa Purificación en 2017 con respecto a 2015, 6.63 por ciento en Unión de Tula, 115.66 por ciento en Jilotlán de los Dolores y 10.31 por ciento en Pihuamo; Casimiro Castillo tuvo un decremento de 37.62 por ciento.

Hubo dos corporaciones municipales a cuyos policías relevó la FGE de sus funciones a finales de 2016 y en uno de esos territorios, Villa Corona, la incidencia delictiva creció 50 por ciento el siguiente año, casi triplicándose respecto a 2015, colocándose en 2017 en 123.76 delitos por cada 10 mil habitantes.

Los territorios donde disminuyó la tasa delictiva fueron Ocotlán, con 22.82 por ciento, y Bolaños, con 6 por ciento en 2017 con respecto a 2016, en tanto que hubo aumento de 7.48 por ciento en La Barca, 35.53 por ciento en Teocaltiche y 30.33 por ciento en Tlajomulco de Zúñiga.

Riesgo presente

Aun con la intervención de la FGE, no hay garantías de que las Policías municipales intervenidas permanezcan blindadas ante la delincuencia organizada debido a múltiples carencias, planteó el investigador de la Universidad de Guadalajara Axel Francisco Orozco Torres.

“Lo óptimo sería que mejoraran las condiciones policiales en todos sentidos, es decir sueldos, capacitación, prestaciones superiores a las de ley, jornadas de trabajo adecuadas y garantía en materia de seguridad tanto orgánica como legal, periodos de descanso más prolongados, asistencia psicológica para controlar el estrés”.

“Deberían tener muchas prestaciones propias del trabajo de seguridad y que tienen que ver con el riesgo que corren, pero finalmente son esquemas que están omitidos prácticamente en todas las corporaciones y puede provocar que se vuelvan a involucrar con la delincuencia o la delincuencia vuelva a permear en las corporaciones”.

La perspectiva de Orozco Torres es que falta aún mucho en coordinación interinstitucional entre las corporaciones municipales, estatales, federales y las Fuerzas Armadas para protegerlas de la penetración de la delincuencia en sus actividades.

“La constitución establece en su artículo 115 que la seguridad pública es una de las funciones que se le puede delegar a los municipios, pero solamente en materia de seguridad preventiva, luego de ahí sube hacia los estados y, desde luego, a la Federación”.

Agregó: “El artículo 21 constitucional establece que para la materia de seguridad pública se deberán coordinar todas las entidades que están involucradas, desde la Federación hasta los estados y municipios para esos efectos”.

 

Reprueban 125 elementos

Un total de 125 uniformados, de los 863 que conforman la comisaría de Tlaquepaque, no aprobaron sus exámenes de control de confianza, por lo que se determinarán los procesos para su incorporación o separación administrativa definitiva. El resto quedará reintegrado nuevamente sus actividades de patrullaje y vigilancia

Así lo anunció el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, luego de 11 días en que el Ejército Mexicano, Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado intervinieran y desarmaran a la Policía municipal para indagar la probable infiltración del crimen organizado.

También se confirmó la orden de aprehensión contra un mando de Tlajomulco por el delito de homicidio, sin dar más detalles.

En este operativo también se detuvieron 81 personas presuntamente relacionadas con diferentes delitos. Asimismo, se aseguró que los homicidios dolosos tuvieron una reducción de 60 por ciento; el robo a vehículos de carga pesada bajó en 55 por ciento, el asalto a transeúntes en 31 por ciento, el atraco negocio, 29 por ciento, y no se presentaron casos nuevos de desaparición forzada.

La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, dejo de lado el discurso sobre que la investigación era un tema político y señaló que sólo se trató de una revisión, por lo que seguirá en colaboración con la fiscalía. Ezequiel Cruz Romo

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