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Rompiendo
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En la asamblea interuniversitaria celebrada en la explanada del Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, en donde se reunieron estudiantes del CAAV, ITESO, UdeG y otras escuelas de la ciudad para exigir la presentación con vida de Marco, Salomón y Daniel, estudiantes de Cine, y de César Ulises, alumno de Medicina, una de las madres de los colectivos de búsqueda de desaparecidos pidió a los estudiantes que insistan a las autoridades que localicen ya a sus compañeros, pues los primeros días son fundamentales para encontrarlos con vida y la presión social debe llevar a la autoridad a redoblar esfuerzos en ese sentido. Les dijo que se hicieran la pregunta: “Si ahorita salgo y me desaparecen, ¿quién me va a buscar?”. “¡Aquí estamos nosotras!”, fue su respuesta. “Nosotras nunca dejaríamos de buscarlos”.
En la asamblea hablaron las madres que tienen a sus hijos desaparecidos hace años, que han recorrido un largo camino para que la autoridad las escuche y continúe con la búsqueda, para que la población sea sensible con el dolor y se comprenda que hoy a todos nos puede pasar, y que se deje de culpar a las víctimas de la inseguridad que se vive en México.
Por su parte, los estudiantes hablaron con indignación y coraje; manifestaron su temor de salir de casa y no regresar; reiteraron su solidaridad hacia las familias y con una idea clara de que no son 3 ó 5 ó 43, sino más de 34 mil personas las desaparecidas en México y debe buscarse a todas hasta encontrarles.
Apenas unos días antes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) había presentado una recomendación general sobre el grave problema de desaparición forzada, llamando a “tomar conciencia y ser sensibles al sufrimiento de las familias”. Elaboraron un informe en el que detallan desapariciones en 112 municipios de Jalisco; la existencia de un “cinturón rojo” de alerta, que lo integran nueve municipios del sur del estado, en donde desaparecieron más de 200 personas en el último año; y el registro de 14 mil 19 desaparecidos en la entidad, de 2013 a 2017. Se resalta en el informe que las autoridades no cuentan con protocolos preventivos de seguridad en materia de desaparición de personas. De acuerdo con el informe de la CEDHJ, se tienen datos de 3 mil 206 personas desaparecidas a octubre de 2017 en la entidad.
La desaparición de personas en México no es un problema social nuevo; en las décadas de los 60 y 70, en el contexto de la llamada guerra sucia desaparecieron de manera forzada alrededor de 700 personas en el país, pero la situación durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto no tiene precedente alguno; según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) cada 90 minutos desaparece una persona y casi la mitad de los desaparecidos tiene entre 15 y 19 años. La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa (2014) puso el tema en el debate nacional e internacional con relación a ese crimen de lesa humanidad; hoy vemos la incansable labor de colectivos y organizaciones integradas por las familias de los desaparecidos presionando a la autoridad para seguir con las búsquedas, participando en audiencias, foros y espacios compartiendo su dolor y experiencia para que otros se animen a buscar; vemos a las madres buscando sus tesoros, como llaman a los desaparecidos las Rastreadoras de Sinaloa en fosas clandestinas, exigiendo verdad, justicia y reparación integral del daño.
Si bien es cierto que esa presión de instancias internacionales hacia el gobierno mexicano y de los colectivos de las familias llevó a que entrara en vigor una ley general que establece los mecanismos para registro y búsqueda de los desparecidos en México, aún falta un largo camino por recorrer para que sea efectiva y en verdad se les busque. La presión de la sociedad será fundamental para que se instrumente y no sea una simulación más de la autoridad. Nos faltan 3. Nos faltan 43. Nos faltan más de 34 mil. Nos faltan todos.
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FV/I