Desaparecidos

El día en que escribo esto, miles de alumnos protestan por el levantón de tres estudiantes a principios de esta semana, y por el caso de otros dos que tampoco aparecen. Estas personas tienen nombre y apellido: Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ávalos (estudiantes de Cine del CAAV), César Ulises Arellano Camacho y Susana Carolina Gutiérrez (ambos inscritos en la UdeG, aunque hay que mencionar que Susana Carolina ya fue encontrada, afortunadamente). Sus casos se suman a los más de tres mil desaparecidos tan sólo el año pasado, lo que ubica a Jalisco como el tercero a nivel nacional en este rubro, tan sólo por detrás de Tamaulipas y el Estado de México, según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).

Ayer fueron los estudiantes los que salieron a las calles a protestar; sin embargo, me parece que faltó más coro por parte del resto de la sociedad. No son sólo ellos, sino prácticamente todos, los que estamos expuestos a ser privados de nuestra libertad, por lo que es necesario montar un frente común para protestar, para denunciar y exigir a las autoridades, para cuidarnos entre todos. No es un asunto de ellos, sino de nosotros, sobre todo por la preocupante tendencia de algunas autoridades de culpar a las víctimas.

Ya es demasiado común escuchar las excusas de que los desaparecidos “tenían vínculos con el crimen organizado” o cualquiera otra descalificación, como si eso hiciera que entonces fuera lícito su secuestro o su asesinato. Tenemos que rechazar esas explicaciones porque, independientemente de su veracidad, alimentan la idea de que lo ocurrido no le podría pasar a alguno de nosotros si no hacemos nada fuera de lo legal, y siendo honestos, la realidad muestra que todos estamos expuestos. Básicamente lo que tenemos que exigir es el imperio de la ley, en donde el castigo provenga de las autoridades, sea correspondiente al delito, y esté sancionado por los jueces.

Quizá ese es el problema de fondo: la incapacidad para imponer la ley. El asunto es principalmente grave porque la principal función de un Estado es la protección de sus ciudadanos, y un gobierno que es incapaz de dotar de seguridad de la sociedad es básicamente fallido. Es más que evidente que la política de militarizar al país ha fracasado: desde que el gobierno de Felipe Calderón decidió sacar al Ejército a las calles, los tres órdenes de gobierno se olvidaron por completo de sus policías. ¿Para qué entrenar, cuidar, pagar bien, modernizar, profesionalizar, blindar, dotar de equipo y otras cosas a las Policías cuando serían el Ejército y la Marina los encargados de hacerlo? Más de 10 años han pasado y no hay en el horizonte indicios de que esto cambie; necesitamos cuerpos de seguridad confiables, y esto necesariamente implica a las Policías.

Es muy preocupante que tengamos un gobierno que no ofrezca las mínimas garantías, que sea incapaz de dar respuesta pronta, que lastime a las víctimas con su indolencia cuando no son casos de alto perfil (¿tendremos que organizarnos para que cada caso se vuelva de alto perfil?), que no tenga la vergüenza mínima para que los encargados de la seguridad presenten su renuncia ante su innegable incompetencia. No podemos resignarnos a que la anormalidad sea lo normal. La violencia, la inseguridad, el miedo no deben, no pueden ser nuestra realidad cotidiana.

 En una extraña coincidencia, en unos días también se cumplirán 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y seguimos sin saber la verdad. El Estado tiene responsabilidad en el esclarecimiento de su destino.

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