SEA debe interferir en conflictos ambientales

Como parte de las reformas de ley para combatir la corrupción a nivel nacional y local, académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalaron que los conflictos ambientales también son objeto de investigación en este rubro de presumirse que hay funcionarios públicos involucrados en corruptelas. Además, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está dotado de un engranaje burocrático diseñado para que, si un área no está dando resultados en un caso, pase a otra con la finalidad de que no se estanquen ni se guarden.

Jesús Becerra Ramírez, jurista de la UdeG, manifestó que las nuevas dependencias encargadas de investigar actos de corrupción significan una nueva herramienta para buscar justicia que tanto ciudadanos como actores sociales y funcionarios deben aprovechar para canalizar las situaciones que lo ameriten, pues hay una inversión de recursos importante que debe ser utilizada.

“La intención es que no queden a dormir el sueño de los justos porque todo este engranaje que presentamos tiene que ver con una parte del proceso, si el tribunal no hace bien su función, ahora se crea una sala superior para fiscalizar el otro trabajo, incluso si esa sala tampoco realizara su trabajo, hay áreas para fiscalizar sus contralorías internas, y además está también el sistema de participación social”, dijo.

Por su parte, el académico Luis Antonio Rocha Santos, presidente de la Academia de Derecho Ambiental y Urbanístico, agregó que incluso temas que se suscitaron hace años pueden ser objetos de una investigación por parte de la fiscala especializada en corrupción, como lo es el de las Villas Panamericanas, no porque sea retroactivo, sino porque sus efectos siguen vigentes.

Para adentrarse más en este tema, los académicos invitan a la comunidad en general al foro denominado Los efectos del Sistema Nacional Anticorrupción en el derecho ambiental y urbanístico el próximo 24 de abril a las 9 horas en el auditorio Carlos Ramírez Ladewig, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), con la participación de juristas, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y la Contraloría.

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