¿Una verdad histórica?

La desaparición de un ser querido, especialmente en circunstancias que impiden tener certeza sobre lo que le ocurrió, si sigue con vida o no, es una experiencia terrible; “demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre”, como diría Benedetti.

Esta experiencia no es nueva, ha acompañado a la humanidad a todo lo largo de nuestra historia, pues los viajes, las guerras, la dificultad de mantener la comunicación y otras circunstancias nos ponían en una situación especialmente vulnerable.

Sin embargo, en los últimos años en México y Jalisco se ha convertido en una situación excesivamente cotidiana y aún más dolorosa porque ocurre debido a la ineficacia de nuestras autoridades para preservar nuestra seguridad, dando como resultado la impunidad, una impunidad tan elevada que parecería que no se quiere hacer nada contra quienes cometen ese delito tan terrible.

Tan terrible es el delito de la desaparición de personas que hay quienes tratan de superar el terror que les causa culpando a las víctimas de su desaparición. Es decir, para no experimentar la angustia que provoca constatar la propia vulnerabilidad ante la desaparición, algunas personas tratan de convencerse de que no les va a ocurrir afirmando que sólo desaparecen las personas que hacen algo malo y como asumen que no hacen nada malo, entonces no les puede pasar.

El problema es que la desaparición de personas no parece estar ligada con ciertas actividades en particular, aunque nuestras autoridades tratan de reforzar la idea errónea de que las personas que desaparecen eran delincuentes para construir una falsa sensación de seguridad y provocar una apatía generalizada entre la población en torno a ese problema.

Por este motivo es que la desaparición de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos, estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, conmocionó tanto a nuestra sociedad, pues nos obligó a contemplar de manera cruda el hecho de que nadie está a salvo de sufrir ese horror.

En ese contexto, esta semana, y debido a la gran presión pública y mediática que recibió el gobernador Aristóteles Sandoval por ese caso, se hicieron públicos algunos resultados de la investigación en torno a la desaparición los tres estudiantes mencionados. Dichos resultados hacen suponer que fueron asesinados y que tal vez sus cuerpos fueron disueltos en ácido.

Sin embargo, el hecho es que muchas personas no lo creemos, en parte porque no sería la primera vez que el gobierno inventara pruebas y obtuviera confesiones a modo para resolver un caso que le resulta muy incómodo. Para más referencia está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y si a eso le agregamos que por diseño la Fiscalía General de Jalisco es susceptible de sucumbir a la presión política, tenemos muchos elementos para desconfiar.

En palabras del filósofo Foucault, hay una interrelación entre poder, saber y verdad, y en este caso el gobierno está usando su poder para construir una verdad que sólo puede ser verificada desde el saber, por lo que hay que pedir peritajes autónomos.

En conclusión, necesitamos una fiscalía que sirva, pero que sirva para resolver los delitos que más le duelen a la sociedad, no que sirva para tapar el trabajo mal hecho de nuestras autoridades. Y esa fiscalía debería estar siendo diseñada por expertos en el tema: académicos que puedan incorporar las mejores prácticas de otras partes del mundo e integrantes de la sociedad civil, como Fundej y Por Amor a Ellxs, que han acumulado mucho conocimiento sobre la forma en que operan quienes desaparecen personas, y sobre las maneras en que las autoridades evaden su responsabilidad.

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@albayardo

JJ/I