Niños y jóvenes desaparecidos

Una tercera parte de los mexicanos son menores de 17 años. Los candidatos a la Presidencia de la República prácticamente los ignoran en sus postulados de campaña y aunque pretendan gobernar para todos, lo que realmente les interesa es conseguir el voto de los mayores de 18 años. Los candidatos al gobierno del estado a lo más piden un minuto de silencio por los recientemente desaparecidos en Jalisco, para verse bien en la campaña.

En el país, 43 por ciento de los desaparecidos son jóvenes entre 13 y 29 años. A estas alturas ningún mexicano puede estar tranquilo al saber que 15 mil 516 jóvenes permanecen desaparecidos y que de éstos, 7 mil son menores de edad. En Jalisco se registran 3 mil desaparecidos.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes se debe a la acción del crimen organizado, a la falta de protección del Estado a este sector, a la omisión y complicidad de las autoridades frente a este delito creciente (El Diario NTR 27/04/2018).

En los discursos que escucharemos de aquí al 30 de abril, las autoridades federales y estatales repetirán la trillada frase de que los niños y los jóvenes son el futuro del país; en realidad son nuestro presente, al que poco cuidamos, acompañamos y nos aseguramos que desarrollen sus capacidades para provecho de ellos mismos y del conjunto de la sociedad mexicana.

Es indignante constatar que ante la denuncia de desaparición, las autoridades se caracterizan más por su negligencia que por ser diligentes en las indagatorias, a sabiendas que las primeras horas son cruciales para encontrar a los desaparecidos. Es común que antes de aplicarse en la búsqueda de las personas, escuchemos expresiones como: “Si los desaparecieron seguro fue porque no andarían en buenos pasos”, y lo peor es que un buen segmento de la población lo cree. Criminalizar a las víctimas de secuestro o desaparición es una práctica común, tan grave como presumir su muerte, ya que esto marca la pauta de lo que las autoridades dejan de hacer ante el problema. Y no se diga, muchísimo menos se hace en la prevención de este delito en particular.

La reciente desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales ha propiciado la acción de diversos sectores de la sociedad frente al problema específico, y por extensión a rechazar las prácticas de “desapariciones”. En primer lugar, organizaciones y especialistas se oponen a que el gobierno del estado dé carpetazo al asunto a partir de suposiciones, falta de evidencias o resultados parciales de las indagatorias. Las familias y la sociedad tenemos derecho a no conformarnos con un relato fabricado con el que se intenta dar vuelta a la página. La autoridad debe aportar certidumbre sobre la investigación y resultados creíbles a partir de un peritaje concluyente. Además, debe mover a los responsables de la seguridad –presentes y futuros-, a diseñar nuevas estrategias, aplicarse en las acciones preventivas, bien articuladas a la estrategia.

El asunto preocupa a la sociedad jalisciense, tanto que el pasado jueves alrededor de 12 mil personas se unieron a la protesta, a la exigencia de que el gobierno haga bien la parte de su trabajo que hoy claramente supera sus capacidades. No es suficiente crear comisiones, se impone un trabajo eficaz, que ataque la raíz de este complejo problema.

Vale la pena destacar que jóvenes y líderes del movimiento apelan a un mayor compromiso por parte de las autoridades de las universidades de Jalisco, fundamentalmente para trabajar en protocolos y planes de prevención y en el acompañamiento a los familiares de las víctimas. Llamaron a la sociedad en su conjunto a sumarse junto con artistas y creadores en una nueva movilización programada para el 4 de mayo.

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