Desaparecidos. Historia presente

En México desde los años 70 del siglo 20 he escuchado el exigente y desgarrador grito: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Entonces salía de la garganta de las madres de los jóvenes que fueron desaparecidos acusados o siendo sospechosos de militar en alguna organización guerrillera de las varias que se estructuraron en el país, sobre todo después de la masacre del 2 de octubre de 1968. Argumentando ese tipo de militancia, el Estado autoritario de antes utilizó al Ejército y creó ilegalmente diversos cuerpos represivos, como la temible Dirección Federal de Seguridad, que se destacaron en las prácticas de la desaparición y la tortura como “método de investigación política”.

El grito actual sigue saliendo de la garganta de las madres de los miles de hijos que han sido desaparecidos y cuyo único delito es ser joven, y quizá tener algún conocimiento u oficio que pueda ser útil para los esclavizadores del siglo 21.

En aquellos tiempos se afirmaba que el número de mexicanos desaparecidos rondaba las mil personas, de las cuales alrededor de 40 eran de Jalisco. Hoy se afirma y reconoce oficialmente que suman más de 35 mil personas desaparecidas. En esta versión, con más de tres mil casos, Jalisco ocupa el segundo lugar como la entidad con más de tres mil personas desaparecidas. Ya hemos dicho que, en versión de los familiares, por cada uno reconocido oficialmente al menos debemos contar otros cuatro o cinco. Multiplicado de esta manera el resultado es espeluznante.

Entonces había también muchos jóvenes presos, perseguidos y exiliados políticos. La lucha que dieron sus madres apoyadas por diversas organizaciones y partidos autodenominados de izquierda logró entre otras cosas que, en 1978, José López Portillo, entonces presidente de México, presentara al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía por medio de la cual, en 1982, fueron liberados todos los presos y pudieron regresar al país todos los exiliados políticos. Sin embargo, en torno de los desaparecidos, y pese a las evidencias, el Estado, desde entonces, negó toda responsabilidad. Hubo otras prácticas escalofriantes como los vuelos de la muerte que consistían en lanzar desde las alturas a personas al mar o a lagos. En Chapala sucedieron casos así.

Me apoyo en estas breves referencias históricas para afirmar que la terrible e inhumana práctica de la desaparición de personas y la tortura en México no es nueva, como tampoco lo es la responsabilidad e involucración directa del Estado. 

Hoy este tema ha alcanzado dimensiones entonces inimaginables. Sin embargo, con ese evidente desprecio a la vida de las personas que este sistema ha catalogado como “desechables”, el Estado no lo considera prioritario y por ello los gobernantes creen que es suficiente con enviar un tuit de condolencia o hacer una declaración en donde dicen estar consternados, que seguirán investigando hasta dar con los responsables y que asumen la responsabilidad que les toca, y cosas así. Patrañas.

Por ello México, en tiempos de la democracia tiene más desaparecidos que Chile o Argentina en la época de las dictaduras militares. En los tiempos de la democracia ha quedado demostrado, sobre todo a partir del caso de los muchachos de la normal de Ayotzinapa, la involucración directa del Estado en estas prácticas de guerra del Estado contra la sociedad de abajo. Hay múltiples casos en los que se ha documentado la intervención directa del Ejército, la Marina o de policías confabulados, amafiados, asociados o sometidos a lo que ellos llaman la delincuencia organizada o el narcotráfico. No sucedía entonces, pero fue necesario que llegara la democracia liberal para aterrarnos al saber de los múltiples cuerpos calcinados, mutilados, desechos en ácido o sepultados en fosas clandestinas esparcidas por todo el territorio nacional.

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