Hackeos y regulación

El pasado viernes 27 de abril hubo varios incidentes en el funcionamiento del Sistema de Pagos Electrónicos e Interbancarios (SPEI) del Banco de México. Las operaciones de Citibanamex, Banorte, Banejercito y algunas otras instituciones presentaron fallas y hoy se presume que hubo un intento de hackeo. Por esa razón, en los últimos días, las operaciones de pagos de todas las instituciones financieras se han realizado bajo un protocolo de emergencia.

Estos incidentes han ocurrido ya anteriormente en el sistema financiero mexicano. El 9 de enero la plataforma de pagos internacionales de Bancomext fue atacada por hackers. El ataque cibernético obligo a Bancomext a suspender sus operaciones y a establecer un protocolo de emergencia. El ataque, si bien no tuvo mucha difusión fue coincidente con otros intentos para hackear el sistema de transferencias internacionales SWIFT.

Los mencionados incidentes justifican la pertinencia de la recién promulgada Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ley fintech). Esta ley busca, entre otros objetivos ofrecer certeza jurídica a usuarios de los servicios financieros en plataformas digitales. Si bien es cierto que hay rubros donde la ley se ha quedado corta, la misma se ha reconocido como una ley de vanguardia a nivel internacional.  

La relevancia de la ley fintech queda manifiesta si se considera la composición de los agregados monetarios del país. Según las cifras del Banco de México, en marzo de 2018 la suma total de billetes y monedas metálicas en poder del público (M0) ascendió a 1,356.6 miles de millones de pesos (mmdp). En ese mismo mes, el agregado monetario más extenso (M4) equivalió a 11,798.9 mmdp. Por tanto, M0 como proporción de M4 no llega a 11.5 por ciento.

Las cifras mencionadas muestran que las tecnologías electrónicas y los activos digitales son esenciales para el país. Las mismas muestran que, potencialmente, más de 88.5 por ciento de las transacciones y operaciones monetarias del país dependen de los sistemas de pagos electrónicos e interbancarios. En este contexto, la existencia de incidentes podría generar estragos muy severos sobre los mercados financieros y la economía mexicana.

En mi opinión es urgente mejorar la certidumbre en las operaciones financieras que se realizan en el país. Particularmente debieran establecerse las leyes secundarias de la ley fintech para complementar el marco regulatorio vigente. Asimismo debiera incrementarse la seguridad de los sistemas de pagos. El país no puede darse el lujo de que su regulación financiera y sus sistemas no evolucionen a la par de las tecnologías y los activos financieros contemporáneos.

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JJ/I