Después de la marcha

El viernes 4 de mayo, en Guadalajara, al terminar el recorrido de la marcha por los desaparecidos, escuchamos a una madre decir: “No habrá quién me lleve flores este 10 de mayo, y a pesar de mi tristeza, siento que estarás a mi lado, aunque se hayan empeñado en deshacer tu vida y tus sueños en tambos de ácido mezclado con la corrosiva indolencia del gobierno. Me duele no tenerte cerca, pero siento que no estoy sola, tu presencia me acompaña en esta marcha, en el clamor de tantas madres, de los jóvenes y compañeros que gritan ¡no estás sola! y levantan sus puños y exigen justicia”.

En medio del silencio se podían palpar el descontento, la indignación, la necesidad de exigir a las autoridades que detengan los homicidios, la violencia, las desapariciones. Justo no será confrontándolos, imponiendo más fuerza sin inteligencia y sin una nueva estrategia para lograr la paz y la reconciliación, más centrada e interesada en que se haga justicia sí, pero también en mejorar las condiciones en que los ciudadanos podamos trabajar, convivir y hasta divertirnos juntos, sin el temor desaparecer o a ser disueltos en tambos de ácido combinado con el mortal olvido.

Esas voces se multiplicaron el 10 de mayo en la Ciudad de México con el grito “¡hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, que llama a la esperanza, con fotografías, pancartas con los nombres de los desaparecidos y referencias a la última vez que fueron vistos. La fuerza de este clamor cobró forma en la denuncia sobre la falta de avances eficaces en las investigaciones, en la exigencia de concretar una legislación sobre desapariciones. Organizaciones sociales hicieron eco en al menos siete estados y muchas ciudades del país; el denominador común es la demanda de poner alto a las desapariciones forzadas y la localización de los familiares. También la exigencia de resultados en las investigaciones y que los casos no se cierren hasta encontrar a los desaparecidos o pruebas contundentes de su muerte.

Para tener una idea más precisa del problema, en Veracruz se registran alrededor de cinco mil personas desaparecidas en los últimos 10 años. Con la primera alternancia en el gobierno estatal, los padres y familiares de los desaparecidos tenían la expectativa de que sus demandas serían atendidas, pero han constatado que “no hay ningún cambio positivo en la búsqueda de personas” (El Universal, 11/05/2018). En Morelos, familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia destacaron que “ninguno de los candidatos al gobierno del estado” propone una agenda específica para atender el problema. En Puebla, familiares de militares y civiles desaparecidos han acopiado documentos, los entregaron a la fiscalía para facilitar la búsqueda y hasta ahora no hay respuesta ni resultados.

Cuántas madres se han recordado para quienes hacen tan poco por cumplir cabalmente con su trabajo y aplicarse en la búsqueda e investigación eficiente de las personas desaparecidas. Al menos hace falta que se informe sobre el avance de las indagatorias, pero no se puede informar cuando no se trabaja y no se avanza en pro de la resolución de problemas. ¡Qué podemos esperar cuando el flamante funcionario que pusieron al frente de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas muestra su incompetencia y enseña el cobre de su incapacidad al declarar que “tantas marchas están haciendo sufrir a los familiares… y vulnerando el aspecto emocional de los familiares de las víctimas”! Aún esperamos una palabra cierta, un informe contundente por parte del gobierno de Jalisco, es justo que dé la cara a esas madres que sufren también por no resignarse a que sus hijos estén muertos, que viven con la incertidumbre y quieren saber dónde están y nadie es capaz de darles razón de quiénes los desaparecieron o asesinaron, al menos para que sepan a quiénes perdonar.

FV/I