Detectan conflicto en la zona norte

Tras las agresiones, hostigamientos, amenazas y hasta desapariciones contra los comuneros de San Lorenzo Azqueltán y Villa Guerrero, Ramiro Reyes, habitante de la zona, resumió: “¿El miedo quien me lo quita? Tememos de que haya represalias contra nosotros”.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos emprendió la Misión Civil de Observación (MCO), con la que detectó la conflictividad social que pone en riesgo la gobernabilidad en la zona norte de Jalisco.

En la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, la MCO constató “una sistemática violación de los derechos humanos individuales y colectivos de este pueblo indígena”.

La escalada de violencia comenzó en 2015 tras el inicio del trámite de reconocimiento y titulación de San Lorenzo Azqueltán. Con el trámite, también surgieron presuntos ejidatarios, pequeños propietarios “y hasta el presidente municipal”, quienes incentivaron el despojo de las tierras comunales, explicó Quetzal Prado, asesora de la comunidad indígena.

La comunidad, compuesta por dos grupos indígenas, decidió recuperar sus tierras reconocidas por la corona española en 1733 y les extendió un título, explicó Quetzal Prado. Éste daba reconocimiento como pueblo de indios, una modalidad jurídica de la época virreinal.

Así, hacia 1954, su título virreinal fue declarado auténtico en un área de 38 mil 240 hectáreas que se compone por ocho localidades de San Lorenzo Azqueltán. El trámite pretende restituir a la comunidad tierras ancestrales.

La MCO consignó en el informe preliminar que el origen principal versa en la indefinición de la situación agraria y el no reconocimiento de territorios indígenas a esa población.

Sobre la relación de los procesos agrarios de la región, la MCO averiguó que se dotó a una fracción de pobladores con un ejido y se dejó a reserva “los derechos que pudieran acreditarse sobre el resto de las tierras correspondientes a este poblado”, que llegó con el inicio de un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales.

La MCO consideró: “Deviene de la falta de conclusión de ambos procesos agrarios, pues no se ha deslindado la tierra ejidal, ni se ha dado solución al juicio promovido por la comunidad indígena, lo que ha provocado gran confusión en la población al no existir certeza legal sobre las tierras que pertenecen a la comunidad y las que pertenecen al ejido”.

Por lo anterior, la MCO recomendó a la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario distrito 16 que se otorgue certeza jurídica a la población mediante el deslinde en campo de la propiedad ejidal, resuelva con diligencia y conforme a derecho el juicio de reconocimiento y titulación de bienes promovido por la comunidad, y que se brinde información clara y certera a la población sobre los derechos y obligaciones que corresponden a comuneros indígenas y ejidatarios.

A la Fiscalía Regional recomendó que se investiguen los delitos contra la población, tomando en consideración los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, cese la criminalización y revictimización de las víctimas.

También recomendaron a las autoridades municipales, encabezadas por Aldo Gamboa Gutiérrez, alcalde con licencia y aspirante a la reelección, el cese de las agresiones y hostigamiento en contra de la comunidad y que delimiten sus obligaciones y competencias para que actúen conforme a derecho y no se extralimiten en sus funciones.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, respaldó las recomendaciones del a MCO para dar seguimiento a las observaciones.

“(Se constató) una sistemática violación de los derechos humanos individuales y colectivos de este pueblo indígena”
Extracto del informe

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