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Sudando el momento
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Mientras algunos priístas han decidido renunciar a su militancia para refugiarse bajo la sombra de otros partidos con mayores posibilidades de triunfo, al interior de la Secretaría de Finanzas del Comité Estatal del PRI parecen estar empeñados en forzar la salida nada menos que de quienes integran la Contraloría General, encabezada por Abraham Arce Carrillo, electo para ocupar dicho cargo por el Consejo Político Estatal.
Todo parece indicar que el titular de la Secretaría de Finanzas, Vidal González Durán Valencia, pretende que las cosas dentro del PRI se manejen como hace décadas atrás se hacía cuando él ocupó durante varias dirigencias –siempre lo ratificaban los presidentes en turno–, cuando no había Internet ni redes sociales, cuando nadie rendía ni exigía cuentas, cuando todo mundo hacía y deshacía a su gusto y a sus anchas, cuando sólo se acataban las órdenes del primer priísta del estado, cuando la sociedad poco interés tenía en saber cómo gastaban los partidos políticos los recursos que provenían del erario, producto de los impuestos ciudadanos, cuando, en una palabra, nadie sabía qué era eso ni para que servían las contralorías.
Y con estas acciones se reconfirma que son los propios priístas quienes buscan –parece que ya lo lograron– hundir a su partido y a su propio candidato a la gubernatura, Miguel Castro Reynoso, pues el rechazo que obtienen de la ciudadanía se lo endosan a su abanderado.
Ayer conocimos que por instrucciones de González Durán Valencia, la oficina de la Contraloría Interna del PRI fue desmantelada para colocar ahí –ya está– el área de fiscalización de la campaña de Castro Reynoso, pero prácticamente la asaltaron y se llevaron importante documentación y el correspondiente archivo.
El contralor Arce Carrillo notificó por escrito a Ramiro Hernández –con copia a la Contralora General del CEN del PRI, senadora Lizbeth Hernández Lecuona– de lo sucedido de la siguiente manera:
“El día 15 de mayo del presente, SIN CONOCIMIENTO y mucho menos CONSENTIMIENTO del que suscribe, ingresaron y tomaron la oficina de la Contraloría General del CDE, sustrayendo la totalidad de la información oficial que se encuentra bajo mi resguardo (debidamente inventariada), entre las cuales se encuentra información confidencial sujeta a revisión de áreas dependientes del CDE que manejan recursos económicos públicos, dicha información resulta susceptible a que se haga uso indebido de la misma. Lo que resulta GRAVE y PREOCUPANTE en virtud de que dichos actos se derivan en la posible comisión de delitos, independientemente de la intromisión e intervención indebida a esta dependencia. Confirmando así la decisión de desaparecer al órgano de control interno y vigilancia del partido en el estado”.
Y sí, todo indica que la intención es desaparecer a la Contraloría o, cuando menos, obstaculizar y evitar que lleve a cabo su trabajo, pues el propio Vidal González requirió para su secretaría a personal asignado al órgano de control y vigilancia, como a Sandra Luz Carrillo Carrillo, y antes solicitó el retiro de María del Carmen Ron Domínguez, a lo que por supuesto también se opuso el contralor Arce Carrillo, quien en su documento a Ramiro Hernández remata:
“Sirva este conducto para informar, reprobar y rechazar todas y cada una de las acciones que vayan en contra de la transparencia, la rendición de cuentas, el compromiso con la legalidad, la honestidad, la revisión, vigilancia, evaluación y control de la aplicación de los recursos públicos que ejerce el partido…”.
¿Así o más claro para entender la torpeza de la decisión instruida desde la Secretaría de Finanzas del PRI?
Ramiro Hernández está obligado a ordenar que se repare el tremendo error y a fortalecer y apoyar a la Contraloría. No tiene otra opción.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I